Que se investigue y se castigue a los responsables

La tragedia del accidente en el que mueren 55 migrantes viene a profundizar aún más la crisis migratoria, en el que México, por las presiones del gobierno Norteamericano, se convirtió en un campo de detención de migrantes y con ello en un violador sistemático de derechos humanos.

La muerte de estos migrantes representa para el gobierno de López Obrador, el mismo desprestigio internacional que representó, para el gobierno de Peña Nieto, la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Y como le sucedió al anterior gobierno, que no supo abordar con seriedad la investigación de la desaparición de los estudiantes, así le puede suceder al gobierno de la  4t, que no puede ocultar la corrupción y la complicidad de servidores públicos y agentes del Estado, que colaboran con la delincuencia organizada en el tráfico de personas y en otras actividades que realizan estos grupos, quienes van a obstaculizar la investigación con la debida diligencia para dejar sin el castigo a los responsables de esta tragedia.

La noticia de este terrible accidente se difundió en medios internacionales y en la mayoría de ellos se cuestiona la política migratoria del Estado mexicano, quien ha dejado de cumplir con disposiciones en  tratados y convenciones internacionales de protección y respeto a los migrantes, firmados con anterioridad por México, en donde el país ya ha sido observado por el Comité de Derechos Humanos de las naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las agresiones hacia los migrantes por parte de la Guardia Nacional.

Las actitudes xenofóbicas que se percibe hacia los migrantes por parte de la población y cuerpos policíacos muestran la ausencia del trabajo preventivo que el Estado debe de realizar. Pues el artículo 1º de la Constitución y distintos documentos internacionales, establecen que los migrantes tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano y aquí en México se les viene proporcionando un trato como si no fueran sujetos de derecho e inclusive no se les permite el derecho al libre tránsito.

La dimensión que tiene el tráfico de personas evidencia que esto sería imposible de realizar sin la protección de funcionarios públicos y cuerpos y agentes policíacos. Por esta razón, la lógica en el ejercicio del poder, hace previsible que se presenten ajustes en los gabinetes, tanto del gobierno estatal como en el gobierno federal. Y estos cambios debieran de realizarse como parte de un reconocimiento gubernamental de que se requieren realizar mejor las políticas de atención y no como parte de la presión que van a ejercer los organismos internacionales con el fin de que se castiguen a los responsables.