¿El combate a la corrupción va en serio?

En los conflictos de los últimos meses en el municipio de Carranza se llegó a mencionar la presencia de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas. Ahora que se dio a conocer que las placas de la caja del tráiler que se accidentó con más de 160 migrantes en el puente de Chiapa de Corzo, pertenecen a un registro con razón social en Venustiano Carranza, ya no quedan dudas: en este municipio, lugar donde nació el gobernador del Estado, opera abiertamente la delincuencia organizada.

Este escenario de violencia, pone en entredicho el discurso reiterado de las autoridades de Un Chiapas seguro, cuando en realidad lo que se deja entrever es la existencia de un pacto. Al respecto, lo único seguro que hay, es la protección que tienen los grupos delictivos en la entidad, quienes están articulados a una red internacional para introducir ilegalmente personas en el territorio de los Estados Unidos Americanos y que operan bajo el manto de la impunidad.

La dimensión de las operaciones en este tráfico de personas y las cantidades de dinero que se manejan, muestran que las actividades que realiza esta red, cuenta con se la aquiescencia de funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración y la participación de todos los cuerpos policíacos, quienes brindan protección.

Por eso resulta inexplicable que el gobierno de López Obrador se tarde demasiado en tomar la decisión de remover a funcionarios del INM y la Guardia Nacional, no tanto porque ellos sean directamente responsables sino para enviar el mensaje enérgico de que el combate a la corrupción y los vínculos con la delincuencia organizada en la 4t es una tarea que va en serio.

Lo mismo sucede en Chiapas, en donde el reparto de las cuotas que aportan los grupos de la delincuencia se realiza tanto en la secretaría de seguridad como en la fiscalía del Estado y esos recursos necesariamente se reparten con los niveles más altos del gobierno local y no solo eso, participan en el financiamiento de campañas políticas, como se observó en el creciente activismo del exfiscal Jorge Luis Llaven Abarca, quien coordinó las campañas de varios presidentes municipales, y si esta actividad no fue realizada con recursos públicos –situación que está prohibida-, entonces queda claro que se realizó con recursos de procedencia ilícita. Por esta circunstancia todo el gabinete de seguridad debe ser renunciado, para cubrir las apariencias de que el gobernador del Estado no estaba enterado de los manejos turbios de funcionarios con la delincuencia organizada.

La muerte de 55 migrantes en el lamentable accidente debe permitir al gobierno federal y al gobierno de Chiapas hacer una limpia y ofertar la certeza de que el combate a la corrupción no es solo un discurso sin la trascendencia que se requiere.