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El fracaso de abrazos y no balazos

Editorial
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Para los organismos de seguridad nacional, las principales amenazas para el país son: la delincuencia organizada;  los grupos subversivos identificados con la guerrilla y  la desigualdad social y pobreza en la población. Esos tres problemas se han agudizado peligrosamente en este sexenio,  que tiene a un presidente de la república con índices altos de aceptación,  pero con profundas contradicciones que amenazan la paz; de allí la alianza que estableció el presidente con las fuerzas armadas, quienes son los que tienen bajo su control los principales proyectos que impulsa el gobierno. 

El discurso triunfalista del presidente en las conferencias mañaneras no coincide con el riesgo de país alto detectado por el sistema de seguridad nacional, en donde la mayoría de las entidades federativas tienen serios problemas por la presencia de grupos de la delincuencia organizada, que no están siendo enfrentados por el Estado, pero a su vez, existen entidades –Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz y Chiapas-, con presencia de grupos vinculados con la guerrilla, que no se sienten representados por un gobierno que se dice de izquierda, pero que continúa implementando políticas que caracterizan a los gobiernos de la derecha, que manifiesta su preocupación de primero los pobres, pero la pobreza continúa creciendo en el país.

La delincuencia organizada se encuentra en estado de alerta, pues se prevé una reacción del Estado en contra de ella para recuperar los espacios de legitimidad que se han perdido por su desprestigio internacional en materia de derechos humanos, por el pésimo manejo realizado con los migrantes. Los grupos de la guerrilla ven las condiciones propicias para la desestabilización del país y el EZLN ya se manifestó enfático de que en Chiapas se viven condiciones de una guerra civil. Junto a estas dos condiciones, la pobreza y la desigualdad social va en aumento  y no se perciben visos que la situación económica del país vaya a mejorar, lo que derrumba el discurso del presidente López Obrador de tener un crecimiento económico del 6%, que ya es imposible de alcanzar, lo que hace difícil que en este gobierno se vayan a mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana.

El Estado mexicano desde siempre ha mantenido un orden político autoritario. Y sobre esa misma estructura se montó el gobierno de la 4T, de allí la postura autoritaria del presidente, quien a diario determina qué personajes u organizaciones pertenecen a los buenos y quiénes son de los malos. Él determina quién es conservador y fifí y quien es patriota y defensor de la transformación; aunque a ciencia cierta aún no se sabe qué es lo que se va a transformar y cómo se está transformando el país, debido a que la corrupción, el crecimiento de la pobreza y los problemas de inseguridad, tienen las tasas más altas de la historia del país.

La política antiinmigrante del gobierno norteamericano, puso en crisis al Estado mexicano, que no ha sabido hacer frente a las migraciones y que no tiene diseñadas políticas públicas de atención a los migrantes, lo que lo convirtió en automático en un violador de derechos humanos, a punto tal, de que es el responsable directo del accidente que provocó la muerte de 56 migrantes.

La crítica de los organismos internacionales defensores de derechos humanos, sitúan a este accidente en la misma dimensión al suceso que provocó la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en donde la delincuencia organizada actúa en total impunidad y con la aquiescencia de las autoridades mexicanas, en la que nuevamente se observa que los agentes del Estado actúan en complicidad con la delincuencia organizada.