Otra vez la cara de la violencia en municipios indígenas

En la política lo que parece es. Y en Chiapas parece que el gobernador  no construyó las relaciones para garantizar gobernabilidad, lo que lo muestra con una debilidad extrema ante los conflictos que se viven en los municipios indígenas. El caso más ilustrativo es el de Oxchuc, que es el único municipio en la entidad en la que las elecciones de la autoridad municipal se realiza por usos y costumbres, en la a pesar de que hubo reuniones entre los habitantes y las autoridades para cuidar el proceso de elección, éste terminó en enfrentamiento con un muerto y varios heridos.

La obligación del Estado de proteger a la población no se cumplió en Oxchuc, y esto provocó que no se tomaran las medidas preventivas para evitar la violencia, en un proceso en el que de antemano se preveía que podía terminar con enfrentamiento, debido a la existencia de intereses manifiestos entre los grupos que guardan agravios y enconos.

La experiencia de las elecciones a través de usos y costumbres se tiene que revisar para evitar la violencia y el predominio de grupos paramilitares o que se encuentren ligados a la delincuencia organizada, y los mecanismos de esta forma de elección deben estar expresamente contemplados en la Constitución del Estado. En Oxchuc, lo que parecía ser un mecanismo para reconciliar y procurar relaciones armónicas en las comunidades terminó en un enfrentamiento que divide aún más a las comunidades entre sí y que complica las posibilidades de una reconciliación entre los liderazgos y entre la población y las comunidades.

El problema del nombramiento de la autoridad municipal queda en suspenso, a menos de que se quiera incendiar más a las comunidades, con una decisión del Comité municipal en la que reconoce a un triunfador de ese proceso. En este sentido, la prudencia indica que el Congreso debe tomar cartas en el asunto y nombrar un Concejo Municipal, mientras se acuerdan los tiempos para un nuevo proceso, en el que el Estado garantice la participación y la seguridad de la población.

El problema más grave en Oxchuc no es la de nombrar a las autoridades municipales sino la de institucionalizar la presencia del Estado; esto implica hacer justicia: investigar con la debida diligencia y castigar a los responsables del enfrentamiento. La gran duda al respecto, es si el gobierno de Rutilio Escandón está dispuesto a investigar y castigar, en un entorno social en donde no existe la ley y en donde la población de Oxchuc está acostumbrada a las movilizaciones y cierre de la carretera en total impunidad.