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La inseguridad en Chiapas

Editorial
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En la carretera Tuxtla-San Cristóbal, circulan cientos de vehículos de transporte de carga y de pasajeros que son piratas, la mayoría de ellos pertenecen a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas Asociación Civil (AMOTAC), sin que la Guardia Nacional aplique la ley e imponga las sanciones que correspondan, en el que se cometen actividades ilícitas.

Este transporte pirata, aparte de circular sin los permisos autorizados, regularmente no cuenta con las pólizas de seguros en caso de accidente, situación delicada en esa carretera que presenta un alto número de siniestros.

En los accidentes en donde este transporte pirata está involucrado, en muchas ocasiones  los usuarios no reciben el apoyo hospitalario y en el caso de muertes los deudos no reciben la indemnización correspondiente, situación que compromete al Estado quien está obligado a garantizar la protección de la población.

El comportamiento de una práctica sospechosa de las patrullas de los cuerpos policíacos, se presenta cuando en la carretera vienen escoltando a autobuses de pasajeros o camiones de carga, en donde se presume que vienen brindando protección y vigilancia.

En la salida de San Cristóbal sobre la autopista, el retén de diferentes cuerpos de seguridad es permanente. Sin embargo, por ahí se da el trasiego de vehículos robados, de drogas y de migrantes, lo que resulta cuestionable la función que realiza ese retén, que constitucionalmente es ilegal, y por donde recientemente pasó el transporte que se accidentó en el Puente de Chiapa de Corzo, que ocasionó 56 muertes de migrantes que eran transportados ilegalmente, con la protección de los cuerpos policíacos.

Sobre la carretera costera de Tapachula- Mapastepec, existen cuatro diferentes retenes. Uno a cargo de la marina; otro de la Guardia Nacional, un tercero del Ejército y el cuarto de la PGR. La presencia de estas áreas de control, debieran de ser un límite para las actividades ilegales, pero resulta todo lo contrario, pues la delincuencia organizada continúa desarrollando sus actividades con la aquiescencia de los cuerpos policíacos.

En estos retenes –ilegales-, el comportamiento de los agentes del Estado no es el más adecuado. Sus abusos son reiterados y la población civil sufre con frecuencia sus arbitrariedades, pero al mismo tiempo le brinda protección al transporte ilegal y se desentiende de las actividades de la delincuencia organizada, en el que claramente se encubren las actividades ilícitas.

En el accidente en que fallecieron 56 migrantes abrió la Caja de Pandora de la corrupción que prevalece en los diversos cuerpos de seguridad en el país, particularmente en Chiapas, situación que el Estado debe atender urgentemente, en virtud de que en Chiapas se vive un gobierno de ficción que presume la seguridad en la entidad y en el mundo irreal en que vive el gobernador Rutilio Escandón llegó al extremo de manifestar en la reunión con los embajadores de Estados Unidos y Guatemala: “Tengan la seguridad de que Chiapas estamos trabajando de manera muy unida, en equipo, con los tres órdenes de gobierno, las 24 horas, atentos de la incidencia delictiva”, como si el embajador de Estados Unidos fuera un retrasado mental, al que se le puede engañar con demagogia y como si no recibiera información de primera mano sobre la corrupción en Chiapas en donde la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad se encuentran al servicio de la delincuencia organizada.