La perspectiva del gobierno

La renovación política en Chiapas en este año 2022 que inicia, no solo es deseable sino urgente. Sobre todo, porque Rutilio Escandón, con su marcada indiferencia, decidió dejar de gobernar la entidad y algo peor aún, dejar la seguridad en manos de la delincuencia organizada, como se puede observar con claridad en la negociación que se realizó con el grupo de “motonetos” en San Cristóbal de Las Casas, con quienes se hizo el intercambio de funcionarios retenidos a cambio de liberar a presuntos delincuentes pertenecientes a este grupo, que ya impuso su ley en esa ciudad colonial.

En Chiapas no hay gobierno, y para males de la población, tampoco hay un combate a la delincuencia. La administración de Rutilio Escandón decidió mantenerse al margen de la solución de conflictos graves como la retención de 21 personas por el grupo de autodefensas en Pantelhó. Decidió que los conflictos en Frontera Comalapa se resuelvan entre los grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza. Decidió no molestar a los grupos paramilitares de Chenalhó, que un día y el otro también realizan disparos y agresiones a pobladores de Aldama. Decidió acatar la ilegal resolución de la Suprema Corte de Justicia que acordó el despojo de territorio a favor de Oaxaca. Y decidió despreocuparse de los conflictos que hay en los municipios de Altamirano y Oxchuc, provocados por la desatención gubernamental y la falta de oficio político.

Las preocupaciones del gobernador son banales. Le preocupa estrenar una guayabera distinta cada día. Le preocupa tener bien hidratado su rostro para mostrarse seguro y vender la idea de que todo está bien. Le preocupa mantenerse en el ánimo del presidente López Obrador. Le preocupa construir el futuro cargo político.

Por eso mantiene la misma práctica política que su antecesor Manuel Velasco, que se molestaba cuando le daban malas noticias de su gobierno y entonces sus colaboradores cercanos le ocultaban toda la problemática, sin importar que Chiapas se desmoronara socialmente.  

Los problemas de gobernabilidad y de inseguridad en la entidad se encuentran en su momento más crítico, debido a que ninguno de los funcionarios públicos busca restablecer los hilos de la negociación y el acuerdo y el sistema de impartición y procuración de justicia dejó de funcionar. Lo más delicado de esto último, es que la fiscalía general del Estado y la secretaría de seguridad pública se encuentran infiltrada y responden más a los intereses de la delincuencia organizada que a las demandas de la población.

Chiapas tiene 15 años de gobierno desafortunados en donde el ejercicio de gobierno pasó a ser intrascendente. Esta indiferencia a los asuntos públicos no va a cambiar en este año 2022, lo que hace prever mayores problemas de ingobernabilidad y de inseguridad.