¿Quién asesinó a Fredy López Arévalo?

Ayer circuló en las redes sociales un boletín de la fiscalía del Estado, en el que manifiesta que fueron encontrados muertos en Comitán a los presuntos asesinos del periodista Fredy López Arévalo.  La nota en sí se asemeja a un mal chiste, en el que prevalece el interés de la fiscalía en dar el carpetazo a la investigación.

La fiscalía está confundiendo el deber de investigar como una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. A nadie le interesa saber que los asesinaos materiales del periodista Fredy  fueron ejecutados,  si no se investiga a fondo el móvil del crimen que conduzca a la detención del asesino intelectual. Más que un pretexto para cerrar el caso, la fiscalía tiene ahora la obligación de investigar un doble crimen: el de Fredy López Arévalo y el de sus asesinos.

En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón debe de entender que la impunidad en el caso de un periodista asesinado  lo convierte en un crimen de Estado, en donde él, como responsable del gobierno, debe de dar las explicaciones de la ineficacia en la investigación y asumir la responsabilidad que implica un crimen de Estado.

La fiscalía de Chiapas creó ya una narrativa que justifica la impunidad del crimen de Fredy y con ello, se envía una señal de intimidación a los periodistas. Se muestra la vulnerabilidad de la libertad de expresión en el Estado. Se evidencia la poca importancia del gobierno de Rutilio Escandón hacia el trabajo periodístico. Se envía la señal de permiso para asesinar a periodistas y lo peor de todo, se encubra a los verdaderos asesinos, al asesino intelectual de tan horrendo crimen.

El asesinato de Fredy, y el de cualquier periodista, representa la ausencia de protección del Estado a los periodistas y a la libertad como derecho fundamental. El daño a la sociedad es inmenso, en virtud de que se hace evidente que cualquiera puede ser asesinado. Esto afecta a la libertad política, a la libertad de reunión, a la libertad de expresar opiniones, a la libertad de participación, a la libertad de elección, etc. etc..

La obligación de la fiscalía es investigar con la debida diligencia como una obligación primordial del Estado; con la finalidad de que los delitos graves, que dañan a la sociedad entera,  no queden impunes. Por eso debe continuar la investigación hasta dar con el culpable intelectual de tan horrendo crimen.

Basta ya de la terrible práctica de la fiscalía del Estado de la fabricación de pruebas para incriminar a inocentes y buscar responsables de los delitos graves que a diario se cometen en la entidad. La fiscalía, en el gobierno de Rutilio Escandón, ha estado al servicio de la delincuencia organizada, de allí la ineficacia de esta dependencia.

El crimen de Fredy López Arévalo no debe quedar impune ni se debe buscar encubrir al asesino intelectual.