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Sin sentido la revocación de mandato

Editorial
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La poca calidad de la democracia en México se debe a diversos factores: la centralización del poder en manos del presidente, quien ejerce facultades metaconstitucionales; no hay contrapesos en el ejercicio de los poderes del Estado; una pobre experiencia de competencia electoral en los partidos, donde no se ejerce la representación real de la ciudadanía; un pobre ejercicio de construcción de ciudadanía; una visión corporativista de la política y una cultura política autoritaria que dificulta y limita las prácticas democráticas.

Junto a esto se desarrolló una cultura del PRI, que se interiorizó y reproduce en las personas y organizaciones, en el que todos los partidos reproducen prácticas del priismo, esta situación no está al margen del partido gobernante Morena y del presidente López Obrador que continúa actuando como priista y no como un demócrata que busca transformar las prácticas del sistema político mexicano que se instituyó en el régimen anterior. Esto generó que los gobiernos del PAN no se diferenciaran del PRI y que el actual gobierno de López Obrador tampoco se diferencie  de las prácticas priistas.

Todo lo anterior se confirma cuando no existe un desmantelamiento de la estructura del sistema político sino que se reproduce la ausencia del equilibrio de poderes, en donde el presidente domina el ejercicio del poder legislativo, a punto tal que ordena que a sus iniciativas no se le borre ni una coma y esa instrucción se cumple plenamente. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, que finalmente es nombrado a propuesta del presidente de la república y los ministros hasta ahora nombrados por este gobierno responden a los intereses del presidente y no al espíritu de la justicia y del Estado social de derecho. El cambio que se prometió bajo el discurso de la transformación fue para seguir igual, con el agregado que organismos que fueron creados en una lógica del fortalecimiento ciudadano y que además se les otorgó autonomía como el INE y el Instituto Nacional de Acceso a la Información se busca desmanterlarlos, lo que significa reproducir la incertidumbre de los resultados electorales y la opacidad en el manejo de los recursos públicos y con ello la corrupción.

En el retorno de la democracia en América Latina se incorporó un factor importante: la transparencia en las acciones de gobierno y el reconocimiento al derecho de la información pública, estos aspectos se incorporaron en las leyes mexicanas durante el gobierno de Vicente Fox a través de la creación de lo que hoy es el INAI.

La democracia solo se fortalece con prácticas democráticas y el referendo, el plebiscito o la revocación de mandato no son prácticas particularmente democráticas, que son utilizadas por los gobernantes cuando tienen la certeza de que van a ganar y termina siendo una legitimación de u ejercicio de poder autoritario. Así fue en los plebiscitos de Augusto Pinochet en 1980, que prolongó su poder 8 años, y cuando quiso prolongar su presidencia otros 8 años a través delm plebiscito el pueblo chileno salió a votar por el no. Situación similar sucedió con Hugo Chávez en Venezuela, en donde después del intento de golpe de Estado del 2002 que sufrió su gobierno se recuperó y convocó al referendo para prolongar su gobierno.

En México se va a votar una revocación de mandato, que en realidad no está siendo promovida por la oposición, en virtud a que no hay una movilización social que busque echar al presidente López Obrador, sino que por el contrario, es un ejercicio promovido desde el poder que busca legitimarse. En esta perspectiva la revocación de mandato no tiene ningún sentido más que el afán presidencial de recibir un respaldo popular; respaldo popular que por cierto se construye no por buenas prácticas de gobierno ni por políticas públicas eficaces y adecuadas sino porque se destinan más de 300 mil millones de pesos al año para fomentar la cultura de la dádiva y comprar con ello la simpatía de la población.

Para que la los resultados de la revocación de mandato tengan validez se requiere la participación del 40% de los electores de un padrón superior a los 93 millones de votantes, una tarea que no es sencilla de lograr y más porque no hay una intención movilizadora que busque echar al presidente y no existe una oposición organizada que promueva la revocación.