El extravío presidencial

En países con una pobre calidad democrática, como sucede en México, ningún gobernante tiene derecho a tener enemigos o declararle la guerra a un ciudadano, debido a que  se corre el riesgo de que se utilice el aparato del Estado para dirimir asuntos personales. Esta condición, que debiera ser un principio de la política y del buen gobierno, se encuentra extraviado en el presidente López Obrador, que decidió confrontar en el ámbito personal a un grupo de periodistas, en el que no solo se desdibuja la figura presidencial sino que incurre en delitos que deben de ser sancionados por la ley.

Un argumento manido del presidente en su pleito con los periodistas es el derecho de réplica. Discurso que contiene dos falsedades: primero, el derecho de réplica está contemplado por la Constitución y la ley reglamentaria establece el mecanismo mediante el cual se ejerce este derecho, y la réplica se realiza a través del medio de comunicación, que incurrió en el presunto agravio, proporcionando el mismo espacio y dimensión con que se hiciera la alusión, algo que no sucede en la réplica presidencial; la segunda falsedad se encuentra en la confusión sobre la libertad de expresión, que es un derecho humano que busca limitar el ejercicio arbitrario del poder, por lo tanto la libertad de expresión corre a favor del ciudadano y no del representante del Estado, como sucede con la figura presidencial.

El presidente no tiene derechos sobre la libertad de expresión, lo que tiene son las obligaciones de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión de todas las personas, derecho que está contemplado en el artículo 1º de la Constitución y en un conjunto de disposiciones del derecho internacional que regulan la liberta de prensa y de expresión y que viene incumpliendo, lo que lo sitúa en una condición de incurrir en una responsabilidad internacional del Estado.

La reincidencia de acusaciones que realiza el presidente, particularmente en contra de  Carlos Loret de Mola y de Carmen Aristegui, representan actos intimidatorios en contra de la prensa, que tienen como propósito la censura previa, que está prohibido en la Constitución y que pone en riesgo la seguridad de los periodistas, en virtud de que los expone ante la ira de sus seguidores, quienes reproducen el contenido de sus ataques sin medir la consecuencia de esos actos.

Esta postura de ataques a periodistas, le ha costado al presidente comentarios adversos del Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, situación que lo exhibe como intolerante ante las críticas, situación que lo desprestigia ante la comunidad internacional. Además, pierde de vista que una obligación del Estado y de todos los funcionarios que colaboran en él, es la transparencia de sus actos. De allí que la preocupación del presidente deba ser garantizar esta transparencia en su gobierno y no andar elucubrando sobre la opacidad de quienes lo critican.

El presidente se equivocó y con ello no solo perdió la agenda pública sino que terminó convirtiendo en víctimas a sus críticos.