La descomposición política en Chiapas, ha llegado a un punto en el que está presente la violencia institucional, las detenciones arbitrarias, el linchamiento mediático de activistas, los rumores infundados y la construcción de un clima de desconfianza y de confusión en la población.
Este tipo de situaciones se presenta con éxito en sociedades con una baja cultura política, en donde prevalecen formas tradicionales de dominio y en donde predomina un pensamiento conservador afín a las ideas de la derecha. Estas tres condiciones están presentes en Chiapas, razón por la cual esta estrategia puede ser funcional a un gobierno carente de legitimidad y por lo tanto, con pobres niveles de aceptación popular.
La violencia institucional es un instrumento de control que en Chiapas se emplea desde los años 70 del siglo pasado, en el que se utilizó al Ejército en funciones de represión y encarcelamiento a las manifestaciones populares de esa época, misma que tuvo modificaciones extremas después de la rebelión zapatista de 1994, en el que se formaron, adiestraron y armaron grupos paramilitares en comunidades indígenas para enfrentar y crear así un clima de conflicto intercomunitario. En Chiapas los militares han instalado en todo el territorio distintos retenes, participan en acciones de seguridad y vienen realizando funciones de inteligencia militar, en el que tienen detectados distintas condiciones de malestar y de lucha social en la entidad.
Junto a esto, en Chiapas se vive actualmente detenciones que no se apegan, en estricto sentido, a lo que debe ser el Estado de derecho. Lo vimos con la detención del grupo de proveedores que protestaban porque el gobierno no les paga los adeudos contraídos desde el gobierno anterior; en el que seis de los dirigentes de este movimiento fueron consignados y hoy se encuentran recluidos en la prisión del “Amate”.
Misma situación se presentó con dos dirigentes de la Alianza de Transporte, quienes participaban en mesas de negociación con funcionarios del gobierno, y hoy se encuentran detenidos en el “Amate”.
En ambas detenciones se percibe el abuso de poder de la autoridad, al encuadrar delitos de manera selectiva, en el que se percibe más el ajuste de cuentas que la aplicación estricta de la ley. De igual manera, en ambas situaciones se filtró, de manera oficial en los medios, datos e información dudosa, que buscan desacreditar las demandas y la validez de los liderazgos.
Es así como se habla en los medios y en las Redes Sociales se habla facturas apócrifas y de precios alzados que ese grupo de empresarios busca cobrar al gobierno; pero en realidad, de ser cierta esa información, sólo se castiga a los proveedores y no se encarcela a ninguno de los funcionarios que propició esa situación ilegal.
Igualmente, a través de un boletín oficial, se filtró la información de que el líder transportista detenido posee mil concesiones de transporte, información a todas luces falsa, pero que se difunde como una verdad absoluta, en el que se oculta que un funcionario ligado a la oficina del gobernador, Ramón Guzmán Leyva, tiene mayor número transportes en la obra de Chicoasén2, que el número real de concesiones que posee Bersaín Miranda, hoy preso en el “Amate”.
Pero estas acciones se complementan con la agresión a un activista de medios, Mike Camacho, y después en las Redes se le busca desprestigiar asociándolo con uno de sus hermanos, señalado como responsable de las obras del centro en el gobierno de Yassir Vázquez, pero desde las esferas del poder se protege al diputado Emilio Salazar, que participó como secretario del Ayuntamiento en la presidencia de Yassir, que participó en la asignación de las obras, que modificó el uso de suelo de terrenos en el que él tiene intereses y maniobró para obtener concesiones de gasolineras.
Esta estrategia de linchar mediáticamente a activistas y luchadores sociales, tiene como propósito el de generar la desconfianza y confusión entre la población y poner en duda la validez de cualquier movimiento en contra del gobierno. Todo ello aprovechando la desinformación y la ausencia de cultura política en la sociedad chiapaneca.
