Los excesos en el IEPC

En la reciente sanción emitida por el Instituto de Elecciones en contra del periodista Vinicio Portela se observan varias irregularidades: la falta de un recurso adecuado y efectivo que de sustento legal a tal medida; la queja de la presunta afectada se presentó como funcionaria que se desempeñaba como síndico municipal cuando en realidad se desempeñaba como presidenta municipal de Tuxtla Gutiérrez lo que puede representar una declaración en falsedad; previo a la resolución del IEPC en contra del periodista, el organismo había declarado sin materia la denuncia presentada por violencia política por razones de género; fue el Tribunal Electoral del Estado el que consideró una falta de exhaustividad del IEPC y ordenó una nueva resolución, donde se realice un estudio íntegro de las publicaciones y de manera individualizada las publicaciones la recurrente pretende acreditar que los hechos denunciados violentaron su derecho a una vida libre de violencia por razón de género; el IEPC, sin realizar este estudio ordenado por el TEECH y sin fundamento alguno, resolvió emitir medidas cautelares excesivas en contra de Vinicio Portela, El TEECH, cuando emitió la resolución por falta de exhaustividad del IEPC y ordenó se revisara la queja y emitiera una nueva sanción, omitió señalar y notificar a Vinicio Portela como tercero interesado, violando con ello el derecho a este periodista a ser escuchado; en la nueva resolución del IEPC no fundamenta los agravios cometidos por la publicación realizada por Vinicio Portela y de manera general concluye que si hubo violencia política por razones de género.

Son muchas irregularidades en torno a esta resolución polémica y desafiante a la libertad de expresión realizada por el IEPC, en el que se denota que la ausencia del señalamiento de los agravios cometidos se viola el principio de legalidad y taxatividad y del debido proceso al dejar en estado de indefensión al periodista Vinicio Portela al no señalarle expresamente en qué consistieron los agravios cometidos.

De la revisión de la fotografía publicada por Portela, dentro de su trabajo periodístico no se observa que exista una violencia política por razones de género, en virtud de que él se circunscribió a difundir una fotografía de un asunto hecho público por otra persona, a quien paradójicamente no se le denunció, lo que significa que la queja o denuncia presentada por la afectada se realizó en contra del trabajo periodístico y no por las afectaciones a la honra realizadas por la responsable de colgar las lonas en diferentes puentes peatonales en contra de la presidenta municipal.

En este sentido, la sanción del IEPC representa una censura previa a la libertad de expresión, algo que está prohibido en la Constitución y en la convencionalidad, al dejar un antecedente negativo para realizar críticas o señalamientos en contra de un gobierno encabezado por una mujer, sin calificar la acción que motiva el cuestionamiento y si esto es relevante para la opinión pública, provocando con ello un sesgo a la libertad de expresión, debido a que a partir de este resolución no todos los gobierno quedarán sujetos al escrutinio público.

La violación al principio de ilegalidad por parte del IEPC se evidencia ante la ausencia de fundamentación, sobre todo a que existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sustentan que la tolerancia de los funcionarios públicos ante las críticas periodísticas debe ser mayor a la de un ciudadano común; pero a la vez se omite que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, lo que significa que existen límites a la libertad de expresión establecidos en la ley, uno de estos límites es la afectación de la honra y esta falta se dirime en las instancias civiles y no en los organismos electorales.

En la sanción emitida a Vinicio Portela hay un exceso del IEPC, que se va a judicializar, en medio de una disputa presidencial en contra del INE y dentro de un escenario en el que existe una criminalización al trabajo periodístico y en donde los consejeros de este organismo perdieron credibilidad y la confianza como garantes de la vida democrática.