¿Quién es el responsable de la violencia e impunidad en Chiapas?

El pasado fin de semana, a través de las redes sociales se difundió la ejecución extrajudicial de dos personas: una, en el municipio de Chiapas de Corzo y la otra, en la ciudad de Palenque. Ambos asesinatos se suman a la ola de crímenes que se viven en Chiapas, en donde la violencia se ha venido incrementando y con ello el número de ejecuciones y masacres, sin que la autoridad responsable implemente medidas preventivas y se realice la investigación con la debida diligencia que conduzca  al castigo a los responsables de estos crímenes.

De igual manera, entre los municipios de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán se han presentado varias decenas de enfrentamientos armados, con medio centenar de asesinados, sin que se haya puesto fin a la violencia homicida, esto a pesar de la firma de acuerdos de paz firmados entre autoridades de ambas poblaciones, y que se haya realizado una entrega de tierras a Aldama y Chenalhó, con el fin de acabar con las agresiones armadas, provocada por grupos paramilitares, sin que la autoridad implemente el desarme de estos grupos, tal y como lo señala una recomendación de la CNDH, que ha sido incumplida por el Estado.  

De igual manera, persiste en Pantelhó el problema de personas desaparecidas a manos del grupo paramilitar “El Machete”,  que ahora tienen bajo su control  la presidencia municipal, misma que cuenta con la aquiescencia de las autoridades del gobierno de Chiapas. Esta condición de los desaparecidos en Pantelhó está por cumplir un año, sin que las autoridades del gobierno federal y estatal, rindan un  informe veraz sobre la situación de esas personas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

Si en Chiapas existiera un gobierno democrático, se tendrían investigaciones y sanciones de los responsables de estos delitos, pero lo que hay es un gobierno de simulación democrática, que no está interesada en el cumplimiento de la ley, y que inexplicablemente reprodujo las mismas condiciones de alianza con los grupos paramilitares formados durante el régimen del PRI y que no fueron afectados por los gobiernos en lo que va de este siglo, en el que se constituyeron gobiernos de alternancia partidista; perredistas, panistas, del partido verde y ahora Morena.

Un compromiso incumplido de este gobierno autodenominado de la transformación es la falta de justicia. Lo grave de esta situación, es que existen dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señalan el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el establecimiento de un programa de cultura de paz, que permita reconstituir las condiciones de convivencia armónica en las comunidades, sin que el gobierno haya implementado ninguna estrategia que muestre indicios de un interés por cumplir con estas recomendaciones.

La falta de atención del gobierno de Chiapas al incremento de ejecuciones y masacres en distintas comunidades, sitúa a varias autoridades en calidad de responsables por el delito de omisión por comisión, y debieran de estar vinculados a proceso. En este sentido, el fiscal general, la secretaria de seguridad pública, la secretaria de gobierno y el propio gobernador del Estado, son los responsables directos  de este clima de violencia en la entidad, que ha conducido a más de un centenar de muertes con violencia en lo que va de este gobierno.