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Con la inseguridad Chiapas pierde

Editorial
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Es una realidad inocultable que en Chiapas no hay paz ni justicia. Esto representa una situación que se palpa todos los días, aunque haya políticos demagogos y banales que pregonan con una irresponsabilidad extrema que en la entidad se vive en paz y ciegamente presumen  la supuesta eficiencia de la justicia en la entidad.  

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobernador chiapaneco. En este sentido, el mundo irreal que han construido un conjunto de funcionarios de este gobierno, no corresponde con la situación de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad ni ellos están a la altura de las circunstancias políticas que Chiapas requiere urgentemente.

Sucesos como las recientes ejecuciones de un constructor y un ganadero en Palenque, los ejecutados y y desmembrados en Chiapa de Corzo, el enfrentamiento de miembros de la delincuencia organizada en contra de elementos del Ejército mexicano en Chicomuselo o la inseguridad latente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ocasionada por el grupo delincuencial denominado “Los Motonetos, no sólo deterioran la gobernabilidad en la entidad, sino que crean en el imaginario de la gente la alarma de que el gobierno no funciona y que incluso se requiere su reemplazo. Bajo esta circunstancia, es muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de funcionarios diletantes y aventureros, como sucede en Chiapas, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en la entidad.

Pero a su vez, puede darse el caso de que en Chiapas se esté propiciando una situación de caos ficticia, con el fin de justificar el uso de la violencia institucional en comunidades con profunda desigualdad social o bien existen grupos de interés ligados a la delincuencia organizada, que consideran que en el escenario del caos, la debilidad del gobierno es una condición propicia para ejercer mayor control del territorio y someter a las autoridades para mantener el clima de impunidad que hay en Chiapas.   

Cualquiera de los dos supuestos resulta negativo para el gobernador pues se encuentra en medio de dos fuegos: el orquestado por sus propios colaboradores, que hacen uso de cuerpos paramilitares para generar violencia y desplazamientos,  y con ello realizar detenciones masivas y/o selectivas, o  quizá se llegó a la víspera de un control mayor, por parte de los grupos de la delincuencia organizada, con el propósito ex profeso de generar violencia y con ello reproducir escenarios de masacres como las de Aguas Blancas en Guerrero, Acteal en Chiapas o la reciente de estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.  

Las condiciones políticas en Chiapas son de una fragilidad, ya que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas.  

En este contexto, Chiapas sale siempre perdiendo, pues la violencia y la inseguridad, va en aumento. A esto hay que agregarle las condiciones de una campaña adelantada por la sucesión e inclusive hay manos levantadas que se sienten con los méritos y posibilidades para sustituir al gobernador en el supuesto caso de que haya un interinato, así como la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que tienen bajo su control a cuerpos policiales, presidencias municipales y que aportan recursos recurrentes a los más altos funcionarios del gobierno estatal y federal y que con sus actividades imponen el control en un espacio territorial en la entidad.  

En este sentido, la generalización del caos afecta al desarrollo de  las actividades productivas y reproduce el discurso sobre la necesidad de un interinato en la entidad.