Se requiere voluntad del gobierno

El clima de violencia social que hay en Chiapas, caracterizado por las recientes ejecuciones extrajudiciales, el surgimiento de grupos de autodefensa en varios municipios indígenas, las disputas entre grupos de la delincuencia organizada, las agresiones recurrentes entre pobladores de Aldama y Chenalhó y la problemática de la migración en los municipios fronterizos, provoca la fragilidad de las instituciones del Estado y que éstas dejen de jugar su función mediadora para resolver la inconformidad y los conflictos.

Por eso los problemas de gobernabilidad que se viven en la entidad, que además están siendo acompañados por graves problemas de seguridad, han formado un cóctel explosivo, cada vez más difícil de atender y ya no se diga resolver. Por eso se requiere urgentemente del diseño de políticas de atención con metas a corto, mediano y largo plazo, que permita construir y conservar las condiciones mínimas de convivencia en Chiapas y recuperar gradualmente la gobernabilidad y seguridad en el Estado.

El asunto no es una tarea sencilla, pero algo se tiene que hacer si aún se quiere evitar un caos mayor, que pondría a Chiapas con un semáforo rojo de violencia, inseguridad, criminalidad y bajo el control territorial de la delincuencia organizada. Este escenario, aparentemente catastrófico, no está alejado del futuro de Chiapas, que no ha logrado mejorar los indicadores de pobreza a pesar de que la entidad es una de las que recibe los mayores recursos en política social en el país. Lo grave de las condiciones de pobreza en el campo chiapaneco, es el abandono de la producción agrícola por cultivos prohibidos. La gran paradoja de la situación social en Chiapas, es que se destinan millonarios recursos cada año para combatir la pobreza, pero ésta, en lugar de disminuir se incrementa.

Chiapas no debería de tener conflictos políticos en virtud de que la oposición no existe en la entidad y sin embargo los conflictos están presentes en más de la tercera parte de los municipios. En este sentido, debe ser una prioridad la de tomar medidas preventivas para evitar una nueva masacre como la sucedida en 1997 en Acteal, que de presentarse, tendría repercusiones internacionales y pondría al país bajo la crítica y las presiones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Por eso resulta inaceptable que por falta de atención política los grupos decidan el cierre de las carreteras, tal y como sucede con el cierre de la carretera en la Costa-Soconusco, que es la única vía para transitar hacia Centroamérica y al centro del país, como sucedió el día de ayer; o que pobladores decidan retener a funcionarios municipales por la falta de cumplimiento en las obras como está sucediendo en Ocosingo. O peor aún, que se tengan que realizar marchas para exigir seguridad frente al crecimiento de la presencia de la delincuencia organizada como sucedió la semana pasada en los municipios de la Región Norte del Estado, en donde pobladores de los municipios de Jitotol, Pueblo Nuevo, Rayón, Tapilula, Solosuchiapa, Ixhuatán, Ixtapangajoya y Chapultenango, denunciaron el incremento de crímenes, asaltos y secuestros, por grupos armados de la delincuencia organizada.

En Chiapas política y socialmente hay mucho por hacer, se requiere que la voluntad y disposición del Estado coincida con un amplio interés colectivo en el propósito de construir las condiciones necesarias para cambiar el rostro de pobreza y de desigualdad social en la entidad.