Inacción e impunidad en el gobierno

Chiapas históricamente viene padeciendo tres problemas estructurales,  que en lugar de que se resuelvan o disminuyan, cada día tienden a agudizarse más, estos son: la pobreza, la violencia y un pobre acceso a la justicia. La desatención del Estado a estas problemática viene provocando que en algunas regiones, particularmente la zona indígena, el malestar social se asocie con la delincuencia organizada, integrando un cóctel peligrosamente explosivo y más aún por la inacción gubernamental que hay en Chiapas.

Los intentos por construir la paz impulsadas por el gobierno tienen estrategias equivocadas, al evadir el establecimiento de un programa de justicia transicional, en el que el punto de partida sea la investigación de los crímenes en las comunidades, el castigo a los responsables y el desarme de los grupos paramilitares. La firma de pactos y reuniones recurrentes entre los actores, que instrumenta el Estado,  sin que se investiguen los delitos del pasado no van a conducir a la paz, sino a la impunidad y la reproducción de mayor violencia con injusticia en las comunidades.

La paz debe ser una prioridad en el gobierno de la 4t, pero no hay voluntad política para ello, lo grave de esta violencia, es que inexplicablemente desde el gobierno se apoya y protege a los grupos paramilitares, como sucedió con los anteriores gobiernos, a punto tal, de que en estos momentos grupos paramilitares o presidentes ligados a ellos gobiernan algunos municipios indígenas, como sucede en Pantelhó y Chenalhó, situación que hace imposible que fructifiquen los esfuerzos realizados en aras de construir un proyecto de paz en las comunidades indígenas.

Un proyecto de justicia transicional es clave para Chiapas en estos momentos de mucha incertidumbre política, pero no hay interés, disposición y conocimiento para intentarlo, sobre todo, porque Chiapas se sigue gobernando con las mismas prácticas del PRI, que tanto critican pero lo imitan y reproducen la cultura política heredada por el PRI.

Socialmente las cosas no andan bien en Chiapas y no hay visos de que puedan mejorar en el corto plazo, debido al incremento de la presencia de la delincuencia organizada, que ha penetrado en las estructuras del gobierno, sobre todo las policíacas y en la estructura organizacional de las propias comunidades indígenas. Todo esto ante la mirada silenciosa y cómplice del gobierno, que ha perdido márgenes de maniobra y que se ha desentendido del conjunto de ejecuciones extrajudiciales que de manera inusitada se vienen presentando en Chiapas.

La ausencia de investigación sobre las actividades que realizan los grupos de la delincuencia organizada y de todas estas ejecuciones extrajudiciales que se vienen presentando, compromete la responsabilidad del Estado, debido a que es una obligación del Estado la de investigar y castigar los delitos, obligaciones en la que se está siendo omiso, situación que ocasiona pérdidas de territorio que pasan a control de los grupos de esta delincuencia que actúan bajo condiciones de impunidad en Chiapas.