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Los conflictos en Chiapas

Editorial
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A la administración pública se le define comúnmente como el gobierno en acción. A partir de este punto de vista se puede entender con claridad, que las deficiencias en el funcionamiento del aparato administrativo en Chiapas, entorpecen y dificultan las posibilidades reales de construir un gobierno que atienda y resuelva las demandas de la población.

Esta situación, trasladada a los problemas concretos que hay en la entidad, deja entrever un déficit peligroso de gobernabilidad que se está viviendo actualmente; debido sobre todo, a que no existe un funcionamiento eficiente y eficaz en la administración pública local, que debiera servir como muro de contención a la sobrecarga de demandas que realiza cotidianamente la población.

De los problemas heredados históricamente no se ha resuelto ninguno y de los nuevos que han surgido, algunos de ellos están evolucionando con una fuerte conflictividad, que evidencian el caos y muestran un desentendimiento grave del conjunto de los funcionarios que se encuentran preocupados en como quedar bien con el gobernador, que en la de construir gobierno.

Los cambios y la reestructuración en el aparato gubernamental son urgentes, pero eso no parece importarle al gobernador del Estado, quien aparte de que no percibe el bajo desempeño de su gobierno, ha mostrado desinterés en evaluar el desempeño de los funcionarios, muchos de ellos sin las competencias necesarias en la toma de decisiones, situación que debilita aún más la figura del gobernante.

Sin duda, Chiapas no merece lo que está pasando; en donde la ausencia del gobernador se reproduce en una ausencia de la administración pública y en una ineficacia en la atención de los problemas de la población, lo que deja entrever que no hay nada del discurso de la transformación de la entidad.

Aquí, no se trata de ser un crítico oficioso del gobierno, pero existen en la entidad condiciones sociales, que viene acentuando graves contradicciones políticas, a punto tal, que el caos puede generalizarse ante la pasividad de los funcionarios, que no perciben las responsabilidades que tienen en sus manos y en lugar de atender y dar respuesta a las diferentes problemáticas de la entidad, se dedican más por cómo participar en la rapiña presupuestal, bajo el amparo de la impunidad, en donde no se investiga ni sanciona a los nuevos ricos que surgen cada sexenio.

En un breve recuento sobre los conflictos que están minando la gobernabilidad en el Estado se pueden mencionar: El conflicto entre Aldama y Chenalhó, aparentemente resuelto, que lleva varios decenas de muertos sin sanción a los responsables, que deja intacto el malestar y los agravios. En Tila existe una inejecución de sentencia, que obliga al Estado a devolver las tierras expropiadas en 1982 al ejido, en el que se construyó medio pueblo. En Oxchuc,  la elección de autoridades municipales por usos y costumbres creó un conflicto mayor. Los problemas en Pantelhó y el grupo de autodefensa Machete, quienes desaparecieron a 21 personas, sin que el Estado investigue esta grave violación de derechos. La disputa y el control de la plaza en Frontera Comalapa entre grupos de la delincuencia organizada, lo que evidencia que hay territorios ocupados por la delincuencia. La situación de la Ciudad de San Cristóbal, que se le dejó a merced del control de la delincuencia en manos de los grupos denominados “Motonetos”  Los problemas en los municipios fronterizos provocados por una mala política migratoria, que convirtió a Tapachula en una ciudad cárcel. Todos estos problemas requieren de una rápida intervención de un gobierno que prometió la transformación y que se convirtió en un gobierno de continuidad con malos resultados.