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A propósito de la libertad de expresión

Editorial
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En México se ha creado un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión, por parte de sectores de la población, hacia el trabajo que realizan los periodistas. Esto se acentúa en cualquier crítica que se realiza hacia el presidente de la república o a su gobierno, de tal manera que se viene generando un clima de autocensura entre los periodistas para no ser agredidos por cualquier comentario  que disguste a la feligresía del presidente, que cada día está más convencida de que debe haber un exterminio del pluralismo del periodístico.

Lo grave de esta visión, es que ignora que la libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática y que no se puede convocar a la censura de voces críticas en aras de la democracia porque eso estaría restringiendo el derecho a la participación política y el derecho a emitir opiniones críticas en contra del gobierno. A la vez, ignora que es una obligación del Estado el respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión. En este sentido, es el propio Estado el que debe de promover el pluralismo informativo, lo que significa que el presunto derecho de réplica del que hace uso el presidente cada mañana resulta intimidatorio, contraria a las obligaciones constitucionales y fomenta la desacreditación del trabajo periodístico.

El ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condi­ciones y prácticas sociales que lo favorezcan y esto viene siendo obstaculizado por el propio presidente que decidió confrontar a un grupo de periodistas y eso directa e indirectamente vulnera derechos de quienes ejercen o intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión. De tal manera que el Estado debe abstenerse de actuar en sentido tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y debe de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes ejercen la crítica, en virtud que eso fortalece la vida y las instituciones democráticas.

Una parte esencial del debate del presidente contra un círculo de periodistas es sobre el señalamiento de que generan malsanamente desinformación. Al respecto hay que aclarar que el Estado también desinforma y que el propio presidente ha sido señalado por difundir mentiras y datos inexactos. Esto significa que la desinformación se encuentra en ambas partes de los actores en pugna. Sin embargo, hay que destacar que la libertad de expresión tiene dos dimensiones; una, que es individual, es el derecho de todas las personas a expresar su punto de vista; la otra, es una dimensión social, relacionada con el derecho que se tiene a recibir distintas fuentes de información. De tal manera que sean las propias personas quienes discriminen el tipo de información que reciben y la validez de la misma.

En un documento publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  titulado Violencia contra periodistas y trabajadores de medios en el párrafo 37 se señala: “La Relatoría Especial [para periodistas] ha señalado […] la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia. A este respecto, la Relatoría ha recordado, entre otras cosas, que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables”.

Esto es una obligación y una responsabilidad del Estado que no se viene realizando, y provoca que el trabajo periodístico se realice cada vez más en condiciones de vulnerabilidad.