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Otra ejecución extrajudicial

Editorial
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La situación socio-económica en Chiapas –de pobreza, inseguridad, desempleo, delincuencia organizada y problemas con los migrantes-, amerita tomar decisiones políticas en el más alto nivel de gobierno y no se viene realizando. Durante muchos meses se tuvo como discurso de que a Chiapas le iba a ir muy bien con el gobierno de López Obrador, pero eso no se observa después de tres años de gobierno. Es más, en este gobierno se han tomado decisiones de muchas afectaciones a la entidad, prueba de ello es la cancelación de la Zona Económica Especial en Tapachula, sin que ese programa fuera sustituido por otro, con una inversión similar a la que estaba destinada para estimular la inversión y el desarrollo en la región; otra decisión contraria a los intereses de Chiapas es la ausencia de una política migratoria, lo que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; y, por último, la decisión ilegal del despojo del territorio chiapaneco aprobada por la Suprema Corte, en la que el presidente ha guardado silencio, en virtud de que su política ha favorecido a Oaxaca y como se pudo observar, la negociación consistió en otorgar Los Chimalapas a Oaxaca a cambio de la gubernatura de ese Estado para Morena.

En los tres años del gobierno encabezado por este gobierno, se han presentado diversos asesinatos que no han sido investigados y los responsables no han sido castigados. Este clima de impunidad inició con la ejecución del activista Sínar Corzo, al inicio del gobierno, y se prolonga a nuestros días, con la ejecución del empresario ganadero Alfredo D’Argence y Morell, la del hijo del “Tío Gil”, el asesinato del Comandante Santos, que era el brazo derecho de Jorge Llaven Abarca como fiscal del Estado, el asesinato en Simojovel del expresidente de Las Abejas Simón Pérez, la ejecución ordenada en contra del fiscal indígena Gregorio Pérez, el cobarde asesinato del periodista Fredy López Arévalo, la ejecución en Cintalapa del médico del CERESO del AMATE, el asesinato de un abogado en Villaflores, las ejecuciones de un constructor y un líder ganadero en Palenque y ayer, la ejecución del presidente municipal de Teopisca, que debe encender las señales de alerta en la entidad por los niveles de vulnerabilidad en la población.

Las condiciones de violencia en Chiapas son alarmantes, que en innumerables ocasiones el Estado ha sido noticia nacional, en el que se han exhibido mediáticamente a las autoridades, sin que se tomen las medidas preventivas para evitar estos sucesos que resquebrajan la de por sí frágil gobernabilidad en la entidad y sin que hayan culpables o responsables de todos estos crímenes que producen horror e indignación en la población.

A este gobierno la seguridad se le fue de las manos y lo grave de esto, es la infiltración de los cuerpos policíacos por la delincuencia organizada, en el que sin rubor alguno se puede hablar del cártel Chiapas, encabezado por funcionarios y diputados ligados al partido gobernante.