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Los crímenes y la inseguridad

Editorial
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En los tres años seis meses del gobierno denominado de la 4t en Chiapas se han presentado diversos asesinatos que no han sido investigados y los responsables no han sido castigados. Este clima de impunidad inició con la ejecución del activista Sínar Corzo, hace tres años, y se prolonga a nuestros días, con la ejecución del empresario ganadero Alfredo D’Argence y Morell, la del hijo del “Tío Gil”, el asesinato del Comandante Santos, que era el brazo derecho de Jorge Llaven Abarca como fiscal del Estado, el asesinato en Simojovel del expresidente de Las Abejas Simón Pérez, la ejecución ordenada en contra del fiscal indígena Gregorio Pérez, el cobarde asesinato del periodista Fredy López Arévalo y la ejecución en los últimos 60 días en Palenque de un constructor, el líder ganadero en ese municipio y de un empresario hotelero de nacionalidad italiana.  

Pero estos no son los únicos muertos en el actual gobierno. En el municipio de Carranza han sido ejecutados líderes y activistas de la CIOAC y de la OCEZ, en Pantelhó, son decenas de asesinados y la respuesta a este clima de violencia se dio con el surgimiento del grupo de autodefensa denominado “El Machete”, que desde julio del año pasado tiene desaparecidas a 21 personas, sin que el Estado haya garantizado la seguridad de las personas y el esclarecimiento de estas desapariciones. En Chenalhó y Aldama hay operaciones paramilitares con más de 50 muertos y cientos de heridos de bala, sin que el Estado resuelva de raíz este conflicto, en donde el día de ayer se presentó en Chenalhó un nuevo enfrentamiento y un grupo de personas fue desplazada.

En Ocosingo y Altamirano se han presentado agresiones de parte de la organización ORCAO a Bases del Ejército Zapatista, a punto tal, que el subcomandante Marcos, hoy Galeano, declaró que Chiapas se encuentra al borde de una guerra civil. Pero los sucesos de violencia también se viven en Comitán, y más encarnizado en Frontera Comalapa, que vive una disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa plaza fronteriza, así como la pérdida del control en San Cristóbal de Las Casas en manos del grupo delincuencial “Los Motonetos”.

Pero los homicidios también lo viven en carne propia las mujeres, en donde Chiapas se encuentra entre las entidades con mayor número de feminicidios, mismos que tampoco son investigados y donde la fiscalía asumió un patrón recurrente de construir escenarios para presentar estos feminicidios como suicidios.

Las condiciones de violencia e inseguridad en Chiapas son inocultables, que en innumerables ocasiones la entidad ha sido noticia nacional, por la difusión de estos crímenes, sin que las autoridades tomen las medidas preventivas que están obligados a implementar  para garantizar la seguridad de las personas y evitar estos tipos de sucesos que exhiben a un gobierno, que se resiste a construir gobernabilidad.