No se investiga ni sanciona la violencia

Chiapas padece históricamente tres problemas estructurales,  que en lugar de que se resuelvan se agudizan cada vez más, estos son: la pobreza, la violencia y un pobre acceso a la justicia. La desatención del gobierno a estas problemática viene provocando que en algunas regiones, particularmente la zona indígena, el malestar social se asocie con la delincuencia organizada, integrando un cóctel peligrosamente explosivo y más aún por la inacción gubernamental que hay en Chiapas.

El discurso actual del gobierno por construir la paz tienen estrategias equivocadas, pues a través de pactos busca dar fin a los enfrentamientos en las comunidades, pero evade el establecimiento de un programa de justicia transicional, en el que el punto de partida sea la investigación de los crímenes en las comunidades, el castigo a los responsables y el desarme de los grupos paramilitares, como lo establece la recomendación de la CNDH y como lo va a proponer la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en situ, realizó el día de ayer la visita en comunidades en Chiapas por el desplazamiento forzado.

En este sentido la firma de pactos y reuniones recurrentes entre los actores, que instrumenta el Estado,  sin que se investiguen los delitos del pasado no va a conducir a la paz, sino a la impunidad y la reproducción de mayor violencia con injusticia en las comunidades.

La paz debe ser una prioridad en el gobierno de la 4t, pero no hay voluntad política para ello, lo grave de esta violencia es que inexplicablemente, desde el gobierno, se apoya y protege a los grupos paramilitares, como sucedió en los pasados gobiernos, a punto tal, de que en estos momentos grupos paramilitares gobiernan algunos municipios indígenas, situación que hace imposible que fructifique cualquier esfuerzo en construir un proyecto de cultura de paz en las comunidades indígenas.

Un proyecto de justicia transicional es clave para Chiapas en estos momentos de mucha incertidumbre, pero no hay voluntad política para intentarlo, sobre todo, porque Chiapas se sigue gobernando con los mismos estilos del PRI, que tanto critican, pero lo imitan y reproducen esa cultura política heredada por el PRI hasta el cansancio.

Socialmente las cosas no andan bien en Chiapas y no hay visos de que puedan mejorar en el corto o mediano plazo, debido al incremento de la presencia de la delincuencia organizada, que ha penetrado en las estructuras del gobierno, sobre todo las policíacas y a la estructura organizacional de las propias comunidades indígenas. Todo esto ante la mirada silenciosa y cómplice del gobierno, que ha perdido márgenes de maniobra y que se ha desentendido del conjunto de ejecuciones extrajudiciales que de manera inusitada se vienen presentando en Chiapas.

Al mismo tiempo, la ausencia de investigación de todas estas ejecuciones extrajudiciales compromete la responsabilidad del Estado, debido a que es una obligación que todo Estado tiene de investigar y castigar los delitos, obligaciones de la que no puede sustraerse, pero en Chiapas no se realiza.