La comitiva de la CIDH en Chiapas

Editorial
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En la visita que realizó el día de ayer la comitiva enviada por la Comisión Interamericana de derechos Humanos al gobernador del Estado, éste buscó ocultar la violencia y la inseguridad en los municipios indígenas, particularmente en Chenalhó y Aldama, cuyos enfrentamientos ocasionaron miles de desplazados que originó que la CIDH solicitara al Estado mexicano medidas cautelares, mismas que esta comitiva viene a investigar en situ su cumplimiento, en el que va a recabar testimonios y dialogar con los desplazados, en el que se van a verificar las contradicciones entre lo que manifiesta el gobierno de Chiapas con la terrible realidad que ocasiona el desplazamiento forzado  provocado por enfrentamientos armados.

En esa reunión el gobernador no dimensionó la importancia de un diálogo franco con la comisionada relatora para México sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, a quien demagógicamente el gobernador le manifestó: “En Chiapas, estamos atentos y ocupados para que la relación con los pueblos indígenas se mantenga bajo un ambiente armonioso y que exista un diálogo permanente con las comunidades. Nuestro mayor deseo es garantizar a los pueblos indígenas un Chiapas igualitario, incluyente, justo y sin discriminación, donde todas y todos puedan vivir bien, en armonía y con mejores oportunidades para que puedan alcanzar sus aspiraciones”, como si la funcionaria de la CIDH fuera un funcionario más del gobierno de Morena a quien se le pueden expresar mentiras o peor aún, que esta funcionara del organismo internacional ignore las condiciones de la población indígena de Chiapas o de todo el continente americano.

La visita a Chiapas es in situ, porque viene a verificar las condiciones y el incumplimiento del Estado mexicano y la visita al gobernador es por cortesía y con los dichos del gobernador, esta funcionaria va a comprobar que una parte fundamental del problema que viven los desplazados es la demagogia del gobernador.

Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que se viven a diario y eso es lo que se va a llevar la comisionada y va a presentar en su informe.  Ya no se puede ocultar que la cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit en la capacidad de respuesta, debido a su falta de operación política y a su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas y no atiende con eficacia las demandas campesinas, aún y cuando haya disponibilidad de los recursos federales.

Frente a esta situación, los conflictos indígenas en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Chilón, Tila y Chamula, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de las condiciones políticas, que se complica por la indiferencia gubernamental, la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades y el nulo de interés por garantizar justicia en las comunidades indígenas, den el que tristemente el gobierno de Chiapas no tiene ni ideas de cómo garantizar el retorno a sus comunidades de los desplazados y peor aún, con su falta de voluntad política, el gobierno de Rutilio Escandón es partícipe de la violencia en las comunidades y corresponsable de que los grupos paramilitares continúan realizando actividades que propician mayores desplazamientos en estas comunidades.