No se puede estar peor

Chiapas vive una notoria crisis de gobernabilidad y de seguridad que está motivada por distintos orígenes. Un rezago social histórico en gran parte del territorio; la falta de oficio político en el actual gobierno de la entidad; la ausencia de toma de decisiones que se alimenta con la inercia de la mayoría de las secretarías y dependencias públicas; la indiferencia del gobernador frente a las demandas de la población que no son atendidas por ningún nivel de gobierno; la permisividad a los grupos paramilitares; a la incapacidad en la aplicación de la ley; al adelanto de los tiempos políticos por la búsqueda de la gubernatura; por el mal uso del presupuesto en el que no hay eficacia, nI se utilizan los recursos para construir gobernabilidad; a la pérdida de territorio frente a los grupos de la delincuencia organizada y a la creciente narcoviolencia  como nunca se había visto en Chiapas. 

El bien común no es ni remotamente la preocupación de este gobierno. Aquí se están privilegiando los proyectos personales y se vienen utilizando los recursos públicos para promocionar la imagen de los funcionarios, quienes, en su mayoría, carecen del don de la virtud para desempeñarse en el servicio público y que con la indolencia con que vienen actuando le están haciendo un daño inocultable a Chiapas.

Las acciones recientes de grupos armados en San Cristóbal de Las Casas y en Frontera Comalapa son claros indicios de la ausencia de gobierno y en donde el gobernador Rutilio Escandón es exhibido en los medios nacionales por su falta de manejo político y por la creciente presencia del narcotráfico en su gobierno, en donde se señala que la secretaría de seguridad y la fiscalía del Estado brindan protección a la delincuencia organizada.

En Chiapas se requiere con urgencia un cambio de timón. El deterioro de las relaciones sociales es creciente  y el gobierno a la fecha no  ha mostrado las estrategias adecuadas para solucionar las demandas de los grupos. Es más, está propiciando mayores conflictos y enfrentamientos, por la ausencia del establecimiento del orden público y  por la falta de conocimiento de los problemas, la cultura y las costumbres en los pueblos indígenas, que condujo a ceder espacios del Estado a grupos de autodefensa como sucede en Pantelhó.

La imagen del gobernador del Estado ha iniciado una fase de deterioro y de pérdida de legitimidad, en donde su nivel de aceptación de acuerdo con la encuesta de la empresa Arias Consultores, levantada a finales de junio es del 13.4% y ocupa el lugar 30 entre los gobernadores del país con una clara tendencia a la baja, y sin posibilidades a mejorar su imagen, en donde el 75.6 % de la población desaprueba el desempeño de su gobierno. Pero los resultados en esa encuesta son negativos en todos los aspectos: el 89.8 % de los encuestados confirma que el gobernador miente; el nivel de confianza de los empresarios a su gobierno es del 12%; en la realización de la obra pública sólo el 12.8% dice que está bien; en los servicios de salud el 8.5 dice que está bien frente a un 83.2 que manifiesta que está mal; en el combate a la corrupción Chiapas se encuentra en el lugar 32 en el país, en donde el 94.7 % reconoce que está mal; en economía y empleo el 90% reconoce que se está mal; en seguridad el 97.9% reconoce que está mal, en el que Chiapas ocupa el lugar 32 entre las entidades del país.

Sin duda, con tantos conflictos sin resolver, el gobernador consiguió la notoriedad que quería pero de manera negativa y esto afecta directamente a la población en virtud de que con esos datos se evidencia que Chiapas no es un lugar propicio para la inversión.