Se dejó a Chiapas a su suerte

En Chiapas es bien sabido que no hay paz ni justicia y sí una profunda desigualdad social, en donde 3 de 4 habitantes vive en la pobreza y la pobreza extrema. Esto es una realidad que se palpa todos los días, aunque haya políticos demagogos y banales que pregonan como que en la entidad se vive en paz y en unidad y hasta presumen  una supuesta eficiencia de la justicia en la entidad.

Este discurso lisonjero le hace daño a Chiapas y mella la credibilidad del gobernador chiapaneco. En este sentido, el mundo irreal que han construido un conjunto de funcionarios de este gobierno, no corresponde con la situación de deterioro de la dinámica social que se vive en la entidad ni ellos están a la altura de las circunstancias políticas que Chiapas requiere urgentemente.

Chiapas ha vivido sucesos políticos que en otras circunstancias el gobernador ya hubiera sido llamado a cuentas e inclusive orillado a pedir licencia. Entre estos sucesos están la presencia de grupos de autodefensa en varios municipios de la entidad; el conflicto en el municipio de Pantelhó en donde el grupo armado El Machete desapareció desde hace un año a 21 personas: los más de 50 asesinatos en el conflicto entre Chenalhó y Aldama, que además produjo desplazamiento forzado de población y que el gobierno cree que ese conflicto ya lo resolvió; los problemas generados en la elección de autoridades mediante usos y costumbres en Oxchuc;  los problemas sociales en Tila que vive un virtual estado de sitio, por el incumplimieno de una resolución judicial; los enfrentamientos armados de grupos delincuenciales en Frontera Comalapa, cuya carretera se convirtió en el paso más peligroso de la entidad; los graves problemas generados en los municipios fronterizos por la falta de una adecuada política migratoria en el que se emplea a la guardia nacional para reprimir a los migrantes y ahora se provoca actitudes xenofóbicas en la población que exige y aplaude el uso de la fuerza pública para el desalojo de los migrantes; el control territorial de San Cristóbal de Las Casas en manos del grupo de “Los Motonetos”, que impusieron su ley y la violencia;  y  la ilegal resolución de la Suprema Corte, que despojó a Chiapas de más de 160 mil hectáreas de su territorio para otorgárselo a Oaxaca, cuyo silencio y complacencia del gobernador lo descalifica para seguir gobernando el Estado.

Bajo estas circunstancias, resulta muy complejo construir gobierno y más si  se deja esta responsabilidad en manos de diletantes y aventureros, a quienes no les interesa garantizar la paz y mucho menos atender las demandas de la población con el fin de disminuir los problemas sociales que prevalecen en gran parte del territorio chiapaneco.

Las condiciones políticas en Chiapas son de una extrema fragilidad, que cualquier chispa puede provocar la violencia en las comunidades y más bajo la circunstancia de que la mayoría de las organizaciones se encuentran fuertemente armadas.  

En estas condiciones de caos social  el único sector que mantiene intactos sus beneficios es el de los grupos de la delincuencia organizada que abiertamente operan en Chiapas y que se encuentra articulado a los diversos conflictos mencionados, que tienen bajo su control a cuerpos policiales, presidencias municipales y que aportan recursos recurrentes a funcionarios del gobierno estatal y federal; situación que produce mayor dificultad para garantizar condiciones de gobernabilidad en el Estado, lo que ha convertido a Chiapas en una tierra sin ley y sin un aparato público que restablezca el orden social.