JA Teline V - шаблон joomla Форекс
20
Sat, Aug
116 New Articles

Ni perdón ni olvido

Editorial
Typography

La Sociedad Interamericana de Prensa decidió otorgar el Gran Premio de la Libertad de la Prensa a 13 periodistas asesinados en México; entre los galardonados se encuentra Fredy López Arévalo, asesinado en San Cristóbal de Las casas a finales de octubre del 2021, cuyo crimen, al igual que la mayoría de las ejecuciones de los periodistas, se encuentra impune, aspecto que debiera obligar al Estado mexicano a concretar la investigación y sanción de los responsables de estos asesinatos.

Los mayores límites que puede tener la libertad de expresión es cuando se asesina a un periodista. Aquí no solo desaparece la protección y garantía que debe prevalecer en todo Estado democrático a la libre manifestación de las ideas sino que se produce un efecto disuasivo, intimidante y amenazador sobre los que ejercen la profesión de periodista; lo que a su vez impide el cuestionamiento y debate público sobre temas que resultan de interés en la sociedad.

Los crímenes a periodistas son un mecanismo aterrador de censura previa y de medios indirectos que violan la libertad de expresión, que se encuentran prohibidos en la Constitución y en los instrumentos convencionales sobre la libertad de expresión, debido fundamentalmente, al riesgo que representa abordar ciertos temas que incomodan u ofenden al Estado o a los grupos de poder, situación que termina provocando que se dejen de expresar críticas  con la libertad que se requiere y a su vez, se limita el derecho de todos a recibir y estar bien informados.

Un solo crimen de un periodista afecta la libertad de expresión y pone en entredicho las libertades democráticas del país. Pero cuando estos crímenes se repiten una y otra vez, como viene sucediendo en México sin que se investigue y sancione a los responsables, se está en una dimensión de extrema gravedad, en donde el Estado se encuentra en omisión y la falta de castigo a los culpables de estos crímenes conduce a la aquiescencia y responsabilidad internacional del Estado.  

Sobre la base de los hechos, la recurrencia de crímenes a periodistas en el país produce una supresión a la libertad de expresión y con ello se limita también el derecho a las personas para ejercer opciones políticas  que representan posturas divergentes al Estado o al desempeño gubernamental. No es fortuito que se esté viviendo en el país un proceso de linchamiento a periodistas y políticos de oposición, en el que se está utilizando el aparato de justicia para someter a procesos jurídicos a opositores, en donde previamente, de manera mediática se les convierte en culpables y después se pretende someterlos a juicio, cuando el clamor popular ya dictó su veredicto de culpabilidad.

La decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de entregar el premio a 13 periodistas asesinados en México, es un llamado a la memoria y una exigencia a la justicia, pues los crímenes no pueden quedar impunes.