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Un periodista más ejecutado

Editorial
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El día de ayer se dio a conocer en los medios nacionales que la Sociedad Interamericana de Prensa otorgaba el Gran Premio de la Libertad de Prensa a 13 periodistas asesinados en México, cuando horas después se ejecutaba e el  Estado de Guanajuato a un periodista más, que reconfirma que México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

¿Por qué tantos asesinatos de periodista en México? La respuesta a esta interrogante es muy compleja y no tiene solo una causa, pero este tipo de ejecuciones se reproducen cuando existe impunidad, debido a que el Estado no realiza las investigaciones con la debida diligencia y esto conduce a que no haya sanciones de estos delitos.

De igual forma, ha sido reincidente las acusaciones que realiza el presidente hacia los periodistas, sobre todo a aquellos que critican su gobierno, situación que representa actos de intimidación en contra del ejercicio periodístico, que tienen como propósito la censura previa, misma que está prohibido en la Constitución y que pone en riesgo la seguridad de los periodistas, en virtud de que los expone ante la ira de los seguidores del presidente, quienes reproducen, muchas veces desde perfiles falsos, el contenido de los ataques a periodistas sin medir la consecuencia de esos actos.

En este sentido se debe ser enfático al señalar, que ningún gobernante tiene derecho a tener enemigos o declararle la guerra a un ciudadano, como sucede en México, debido a que  se corre el riesgo de que se utilice el aparato del Estado para dirimir asuntos personales. Esta condición, que debiera ser un principio de la política y del buen gobierno, se encuentra extraviado en el presidente López Obrador, quien decidió confrontar en el ámbito personal a un grupo de periodistas, en el que no solo se desdibuja la figura presidencial sino que incurre en delitos que deben de ser sancionados por la ley.

Un argumento del presidente en su pleito con los periodistas es el derecho de réplica; discurso que contiene dos falsedades: primero, el derecho de réplica está contemplado por la Constitución y la ley reglamentaria establece el mecanismo mediante el cual se ejerce este derecho, y la réplica se debe realizar a través del medio de comunicación, que incurrió en el presunto agravio, proporcionando el mismo espacio y dimensión con que se hiciera la alusión, algo que no sucede en la réplica presidencial, en la que se utiliza el poder del Estado; la segunda falsedad se encuentra en la confusión sobre la libertad de expresión, que es un derecho humano que busca limitar el ejercicio arbitrario del poder, por lo tanto la libertad de expresión corre a favor del ciudadano y no del representante del Estado, como sucede con la figura presidencial.

El presidente como mandatario no tiene derechos sobre la libertad de expresión, lo que tiene son obligaciones constitucionales de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión de todas las personas, derecho que está contemplado en el artículo 1º de la Constitución y en un conjunto de disposiciones del derecho internacional que regulan la liberta de prensa y de expresión y que se vienen incumpliendo.

Esta postura de ataques a periodistas, le ha costado al presidente comentarios adversos del Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, así como de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, situación que lo exhibe como intolerante ante las críticas. Pero a su vez, existe una exigencia internacional al Estado mexicano para que garantice la seguridad del ejercicio periodístico y se investiguen estos crímenes, sin que hasta ahora el gobierno garantice la seguridad y se castigue a los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales.

Esto significa, lamentablemente, que los asesinatos a periodistas van a continuar.