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El derecho a la información

Editorial
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Por la importancia que tiene la libertad de expresión para la consolidación de la democracia, distintas disposiciones del derecho constitucional y convencional señalan la prohibición de la censura previa. En este sentido, las amenazas, intimidaciones, campañas de desprestigio y todo tipo de agresiones directas o indirectas, los asaltos, el acoso policíaco y asesinatos, representan mecanismos de censura previa del trabajo periodístico.

Las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen precisamente el objetivo de silenciarlos, situación que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de derecho, y de ninguna manera la prensa crítica puede concebirse como enemiga del poder público, a la cual se debe perseguir, desacreditar o aniquilar.

Resulta claro, que Cualquier acción inhibitoria, amenaza o represalia por la manifestación de las ideas, sólo puede ser evitado a través de la acción eficaz del Estado para castigar a aquellos que lo cometan. Sin embargo, numerosas agresiones en contra de periodistas son promovidas bajo la esfera del poder, y por eso, han quedado en la impunidad, en virtud de que las fiscalías no logran esclarecer los hechos y en muchos casos no se realizó la investigación con la debida diligencia.

La ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las y los periodistas propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual las agresiones pueden ser toleradas y aceptadas, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad del trabajo periodístico.

En este sentido, la mejor manera de combatir las agresiones y amenazas en contra de periodistas es la de una investigación eficaz por parte de la fiscalía y la sanción de los responsables. Las agresiones hasta hoy sufridas por distintas personas, sin investigación y sin sanción provoca un clima de intimidación y de temor al ejercicio de la libertad de expresión y a su vez la sociedad se ve impedida a conocer la verdad sobre diversos hechos socavando con ello el derecho a la información. La impunidad fomenta la vulnerabilidad a los periodistas, debido a que genera la percepción de que es posible agredir a un periodista y violar los derechos humanos sin obtener castigo, como hasta ahora viene sucediendo en el país.