La delincuencia en el Tribunal de Justicia

La designación de Guillermo Ramos como presidente del Tribunal de Justicia deja a la población de Chiapas en estado de indefensión, toda vez que sobre esta persona existe un cúmulo de señalamientos negativos en su desempeño como juez y magistrado, quien suele poner a la venta del mejor postor el sentido de las sentencias. Esta conducta es pública y conocida, por lo que resulta doblemente peligroso para la impartición de justicia en la entidad, que su nombramiento haya sido por unanimidad del cuerpo de magistrados, situación que implica la autorización y la tolerancia de la corrupción y la ilegalidad en el Tribunal.

Este nombramiento significa a la vez, para las víctimas, el cierre de la posibilidad de encontrar justicia en Chiapas y el banderazo a la delincuencia organizada de que la impunidad en la entidad está garantizada, lo que hace prever un incremento de la inseguridad, al dejar abierto el permiso  para delinquir.

Delincuencia organizada hay en Chiapas desde hace varios decenios, pero se escondía, evitaba hacerse visible a plena luz del día. Pero eso ya cambió, ahora la delincuencia organizada busca lucir su poderío y de manera ostentosa circula por las calles en carros de lujo y con protección policíaca. Con frecuencia llega a lugares públicos y los guardaespaldas se distribuyen en lugares estratégicos luciendo las armas.

Esta ostentación llega a situaciones extremas como lo sucedido el pasado viernes en la noche, en un restaurante de la colonia Moctezuma, en el que se organizó una fiesta privada, en el que hubo un operativo policíaco de protección y rondín permanente de vehículos de la policía estatal, para cuidar a uno de los invitados sin que éste fuera funcionario público o hijo de funcionario. Este aspecto era cuidado en los gobiernos anteriores, en el que había acuerdo y permiso para las operaciones ilícitas, pero no se permitía que la delincuencia organizada se paseara en los cafés y restaurantes.

En este gobierno la delincuencia organizada obtuvo lo inimaginable: tiene bajo su control y su servicio a los cuerpos policíacos y ahora también tiene bajo su servicio la impartición de la justicia, con un presidente del Tribunal a modo, en el que fácilmente se le calienta la mano y en el que van a existir facilidades para modificar el sentido de las sentencias.

De la conducta del magistrado Guillermo Ramos tiene pleno conocimiento el gobernador del Estado, pues él fue informado del secuestro del Dr. Vila Serrano en Pichucalco, y la posterior liberación de los secuestradores por un dictamen elaborado por este magistrado, en el que se denunció que recibió un millón y medio de pesos, lo que evidencia la responsabilidad del gobernador en  el nombramiento del presidente del Tribunal.