El Estado es el responsable de construir el orden público y de garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Esto no viene sucediendo en Chiapas, en donde un grupo denominado de autodefensa impone su propia ley en el municipio de Pantelhó y además reta al Estado al señalar que aplicará justicia en mano propia. En el municipio de Huixtán, un grupo de personas construye zanjas en la carretera para impedir el paso vehicular, sobre todo a un grupo de la delincuencia organizada que se dedica al robo de autos. Por otro lado, pobladores de Teopisca cierran la carretera en protesta porque el Congreso del Estado nombró un Concejo municipal sin consultar a la población, además de que previamente el gobierno coaccionó a los regidores para que presentaran su renuncia.
Todo esto sucede por la inacción de un gobierno que se caracteriza por la indiferencia a la protesta social y que considera que es irrelevante gobernar, además de que ejerce un presupuesto de 100 mil millones de pesos anuales, sin los resultados que se debieran esperar, dicho en otras palabras el ejercicio de un presupuesto con la finalidad de construir gobernabilidad democrática, al mismo tiempo que se brinda atención a las demandas.
La situación social de Chiapas no está lejana de los sucesos de violencia que se vivieron en otras entidades del país. La diferencia sustancial de la violencia en Chiapas en relación con la violencia en las otras entidades, es que aquí la protesta social está contaminada con la delincuencia organizada, en el que hay una gran complejidad para identificar en donde está el papel de una y la otra. Y es esto lo que ha descuidado el actual gobierno, permitir que los cuerpos de seguridad, algunas presidencias municipales y servidores públicos estén al servicio de la delincuencia organizada.
Para colmo de males, el gobernador Rutilio Escandón, en lugar de construir la gobernabilidad democrática que se requiere, se involucró de lleno en el proceso interno de elecciones de Morena y no solo contaminó todo el proceso sino que envió una señal de fractura en ese partido, que ahora se encuentra claramente dividido, lo que agrega un ingrediente más a la ya conflictiva situación de Chiapas.
Construir gobernabilidad democrática es una prioridad en Chiapas, pero esto no lo entienden los funcionarios del gobierno, que con su inacción y ahora sus pretensiones políticas atizan más el fuego de la protesta social, en condiciones políticas de sucesión presidencial y de gobernador en el Estado, lo que hace un buen caldo de cultivo al incremento de la violencia en Chiapas, en donde el futuro resulta poco halagüeño.
¿Quién pone orden en Chiapas?
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