Los riesgos de gobernabilidad en la entidad no sólo son reales sino que los estamos viviendo a diario. La cantidad de demandas de la población sobrepasan en mucho a la capacidad de respuesta del gobierno, que incrementa a diario su déficit en la capacidad de respuesta, debido a su falta de operación política y a su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos, que tiene paralizada las principales actividades económicas y no atiende con eficacia las demandas campesinas, aún y cuando haya disponibilidad de los recursos federales.
Los conflictos en los municipios en Chenalhó, Aldama, Pantelhó, Oxchuc, Teopisca, Huixtán y Tila, hacen evidente que en el gobierno de Rutilio Escandón existe una grave ausencia del manejo de la situación política, que se complica por la indiferencia gubernamental y por la ausencia de un programa de inversión pública en las comunidades, sobre una racionalidad que implique construir gobernabilidad con atención a las demandas de la población..
Este escenario de violencia en varios puntos en la entidad muestra la debilidad de un gobierno, que por su falta de capacidad para construir acuerdos políticos, apuesta a la represión y a la violencia institucionalizada. En este sentido, el escenario político no puede ser más delicado, en donde se combinan el conflicto social con crisis económica, todo ello aderezado con un gabinete sin oficio y sin experiencia, que aún no se ha dado cuenta de las dimensión de los problemas que tiene en jaque a la entidad.
Para mejorar la cara de esta situación, el gobierno requiere mejorar su operación política; hacer los cambios de gabinete con gente de mayor experiencia, conocimiento y capacidad y realizar inversiones inmediatas tanto en el campo como en las ciudades. El gobierno de Rutilio Escandón ya no puede seguir postergando un ejercicio eficaz del presupuesto público, ni debe continuar beneficiando con las compras y con la asignación de obras a empresas de fuera, y menos debe mantener los recursos públicos en el sistema de especulación financiera.
El desastre político y económico en la entidad, aderezado con el problema de los migrantes que por momentos amenaza en desbordarse, representa un riesgo para la seguridad nacional del país, sobre todo, porque esta situación está siendo monitoreada por no los organismos internacionales de derechos humanos, que tienen puesta su atención en Chiapas y que exigen la eliminación de la violencia de los grupos policiales en contra de los migrantes, a quienes se les impide la libertad de tránsito.
Sin embargo, el mayor riesgo para la gobernabilidad en Chiapas es la cada vez mayor presencia de la delincuencia organizada, que este gobierno de la supuesta transformación le abrió las puertas para moverse en total libertad, y hoy se observa en lugares públicos a gente armada o en la circulación en vehículos con escoltas, muchos de ellos con policías municipales o estatales, lo que indica que son los organismos policíacos los que le están brindando la protección a estos grupos de la delincuencia, situación que hace incomprensible el papel que juega el gobierno.
La importancia de la gobernabilidad
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