El pasado 14 de agosto se cumplieron dos años en que fuera recuperado el niño Dylan, quien fue secuestrado en el Mercado Popular del Sur (MERPOSUR), en la Ciudad de San Cristóbal, noticia que se hizo viral, a punto tal en que el presidente de la república instruyó a las autoridades de Chiapas para que se localizara a este niño. Este drama originó que la fiscalía de Chiapas cometiera uno de los actos de mayor barbarie y violación de derechos humanos, en la que fabricó pruebas y una historia de trata de infantes, en contra de la familia Gómez, familia de origen tsotsil que se dedicaba a la venta de artesanías en las calles de San Cristóbal.
La fiscalía del Estado a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, inventó la historia del desmantelamiento de una banda de trata de infantes, y criminalizó a la familia Gómez, como responsable del secuestro del niño Dylan; esta falsedad condujo a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, le dedicara unos minutos al supuesto éxito alcanzado por la fiscalía de Chiapas, en el que anunció, que en ese operativo se habían liberado a 20 niños. Esta mentira se difundió en todos los medios y el gobierno de Chiapas pagó para que televisoras entrevistaran al fiscal Llaven Abarca, quien no dudó en repetir la farsa orquestada en donde se inventó el desmantelamiento de una banda de trata de niños, que eran obligados a trabajar en las calles. En este proceso fueron encarceladas injustamente cuatro mujeres y un varón, el señor Adolfo Gómez quien fuera torturado por la fiscalía y que apareciera muerto dentro del centro de reclusión número 5 en San Cristóbal de Las Casas, a su vez, 20 niños, hijos y nietos de don Adolfo Gómez, fueron recluidos en la Casa Hogar del DIF en Tuxtla Gutiérrez
No había transcurrido ni una semana en la que se conoció de la falsedad y la perversidad policial de Llaven Abarca, en la que la historia de la detención de una banda de trata se empezó a diluir y a cuestionar. Esto fue cuando los familiares de los niños, niñas y adolescentes se presentaron en el DIF a reclamar a los menores, lo que significó que no eran una banda sino una familia ampliada que vivían en el mismo domicilio. Pese a este grave error, la fiscalía mantuvo la narrativa de la historia inventada y Llaven Abarca salió a los medios a declarar que el hecho de ser familiares no los exime de su responsabilidad de trata en su modalidad de explotación infantil. Esto a partir de que la fiscalía obtuvo la declaración de manera ilegal de los niños, quienes señalaron que eran obligados a trabajar y que les exigían 200 pesos diarios para que pudieran comer y dormir en su casa.
La historia de la familia Gómez en un drama social, provocado por la irresponsabilidad y perversidad de Llaven Abarca, quien afectó el proyecto de vida de esta familia, que perdió al jefe de la familia, muerto en la prisión con huellas de tortura, cuyo homicidio no se investigó y el ministerio público cerró el caso, después de haber escondido pruebas del expediente. De igual manera encarceló durante cinco meses a cuatro mujeres, tres de ellas acompañadas por niños lactantes acusadas por delitos fabricados por la fiscalía. En este proceso de criminalización de la familia Gómez, 23 niños sufrieron las consecuencias de la detención arbitraria y abuso de autoridad, situación que les cambió el proyecto de vida.
Lo más grave de este drama social es la impunidad. El responsable de la fabricación de los delitos y la criminalización de la familia Gómez es el exfiscal Jorge Luis Llaven Abarca, quien no solo no es imputado por estos delitos cometidos sino que es diputado federal por Chiapas y con pretensiones de ser senador o gobernador en la entidad
La perversidad de Jorge Luis Llaven Abarca
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