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La creciente presencia de la delincuencia organizada

Editorial
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La Ciudad de San Cristóbal de Las Casas vive una creciente ola de violencia ocasionada por la presencia del grupo delincuencial denominado “Los Motonetos”, situación que obliga a una intervención determinante de parte de las autoridades  federales y estatales para establecer las condiciones del retorno de la legalidad en la región, en virtud de que la violencia se ha extendido a varios municipios indígenas que tienen como cabecera a San Cristóbal.

Los sistemas de inteligencia tienen identificado a los principales líderes de los grupos de la delincuencia que operan no solo en San Cristóbal sino en todo el territorio de Chiapas y conocen además quienes son las autoridades que proporcionan protección a estos grupos, que actúan en plena impunidad y que ya impusieron no solo el terror en la población, sino un poder que ejerce dominación sobre el resto de la sociedad, en el que sobre la base de los hechos los grupos de la delincuencia están sustituyendo al Estado.

En este sentido, resulta evidente que la transformación que prometió el gobierno de la 4t en Chiapas en materia de inseguridad es inexistente, y que la política de abrazos no balazos es un discurso de simulación, que aparte de que no tiene resultados, deteriora el funcionamiento del Estado, a punto tal que el combate a la delincuencia se realiza con la construcción de mentiras oficiales que difunden la noticia de que l delincuencia en el país viene a la baja. En este sentido,  se debe de reconocer que los asuntos públicos en la entidad no caminan, y que en un futuro inmediato la situación social va a empeorar debido a la inacción del Estado.

En Chiapas son varias señales que muestran que la plaza se está calentando con la presencia de los grupos de la delincuencia organizada, sin que eso genere preocupación alguna en el gobierno, que continúa sin tomar las medidas preventivas de protección y garantías a la población, que corre el riesgo de quedar en medio de los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales, como ha sucedido en San Cristóbal y en Frontera Comalapa, en el que se evidencia que la autoridad se encuentra rebasada.

La violencia e inseguridad que se vive en la entidad no fue ocasionada por el gobierno actual, pues la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas data de varias décadas atrás, que condujo al establecimiento de un pacto entre los distintos grupos para que esta plaza no se calentara, en virtud de que este paso fronterizo es necesario para todos y su alteración afectaba todas las actividades al margen de la ley que se realizan en este paso obligatorio. Pero este pacto se deterioró con el actual gobierno, por el desempeño realizado por los dos fiscales que han ocupado el cargo.  

En Chiapas es irreal la coordinación de las dependencias en el combate a la delincuencia y no existe una cabeza que establezca el mando en las operaciones. El propio fiscal no tiene el control de la fiscalía y en la secretaría de seguridad se reconoce la autoridad y se rinden informes a personajes que ya no forman parte de la administración pública. Esto significa que el control de las dependencias de seguridad está diluido y con ello el gobierno de Rutilio Escandón ha perdido capacidad de respuesta ante la delincuencia organizada.