La fabricación de pruebas

La policía Estatal detuvo a una célula perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, mismos que fueron puestos en libertad el pasado viernes 9 de septiembre, debido a que la defensa mostró un vídeo que muestra que  los detenidos se encontraban en otro lugar el día y la hora  en que el informe policial homologado señala que fueron detenidos, por la portación de armas de uso exclusivo del ejército.  

Esta detención causó temor en la población por el despliegue policíaco que hubo, provocado por el rumor de que el cártel CJNG intentara la liberación de los detenidos. Sin embargo, este temor se convirtió en un escándalo político al conocerse la noticia de que habían sido liberados. En este operativo fracasado, la fiscalía estatal y la policía estatal  dieron una lección de fabricación de pruebas para detener a presuntos delincuentes, en el que ningún ciudadano está exento de sufrir este tipo de atentados o peor aún, dieron una lección de cómo se fabrican pruebas para que los presuntos culpables demuestren su inocencia y sean liberados.

La detención de la célula del Cártel Jalisco fue noticia nacional, como noticia nacional se convirtió la liberación de los mismos, lo que evidencia el gran poder que tiene este cártel en Chiapas, que dobló a las autoridades del Estado.

Si en ese operativo se detuvieron a inocentes, el gobernador debe de realizar una limpieza inmediata en la secretaría de seguridad, comenzando por la secretaria y los subsecretarios y  fincar responsabilidades a quienes participaron en ese operativo.  Pero si en realidad se detuvo a presuntos responsables de delitos y luego fueron liberados, el gobernador debe instruir la investigación correspondiente y fincar responsabilidades a quienes participaron en el montaje que permitió la liberación de los detenidos.

Es fácil de señalar la responsabilidad del juez en esta liberación, pero eso pecaría de una ignorancia superlativa, en virtud de que el juez dicta sentencia a partir de las pruebas que presente el ministerio público, en este caso, por el tipo de delito, le corresponde al ministerio público federal. Sin embargo, esa detención no fue realizada por la Fiscalía General de la República sino por la policía estatal; quien presentó el informe policial homologado al ministerio público federal. En ese informe, ya no correspondía la hora de la detención, lo que permitió demostrar a la defensa con un vídeo, de que los detenidos se encontraban en otro lugar en la hora en que la policía menciona en que se dio el operativo. Frente a ese argumento y prueba en vídeo, el juez estaba obligado a ordenar la liberación de los detenidos.

Aquí la gran incógnita es saber ¿Quién ordenó a la fiscalía del Estado que se modificara el informe policial y con ello abrir la posibilidad de la liberación de los detenidos? Y ¿Por qué se dio esa orden?