La desatención de la gobernabilidad en Chiapas

La política y el gobierno en Chiapas viven hoy día una fase de descomposición, situación que se agudiza aún más, con la sospecha de la subordinación de las autoridades al cártel Jalisco nueva generación que produjo la liberación de la célula de este cártel detenida en días pasados y puesta en libertad el 9 de septiembre, que pone en riesgo a la seguridad nacional del país, debido a que un conjunto de instituciones que hacen posible la unidad de la sociedad están dejando de funcionar provocado por la violencia,  la impunidad con la inaplicación del derecho, las ejecuciones extrajudiciales  y el caos social que se percibe en varios puntos del territorio chiapaneco.

La violencia y ejecuciones que se ha presentado en los últimos meses no se había vivido en Chiapas, a grado tal que grupos como “Los Motonetos” en San Cristóbal o los enfrentamientos en Frontera Comalapa, que actúan en total impunidad, son una clara muestra de que el Estado no viene funcionando. Pero esta violencia que sucede en San Cristóbal o Comalapa no es un hecho  aislado, ya que la violencia está presente en Aldama y Chenalhó, en Tila, en Carranza, en Chilón, en El Bosque, en Rincón Chamula, en Pantelhó, en Oxchuc, en San Juan Chamula, en Simojovel, etc., municipios que arrastran una historia de violencia, en el que es claro de que no existe la voluntad política del gobierno para buscar restituir los lazos comunitarios, que permitan disminuir los enfrentamientos y la violencia, y construir acciones institucionales dentro de un modelo de cultura de paz.

La peor que está sucediendo en Chiapas, es la indiferencia del gobernante que considera que los conflictos en la entidad siempre han existido y por lo tanto esta violencia no fue provocada por la administración actual, por lo que no hay compromiso para resolver esos problemas, lo que origina la despreocupación del gobernador hacia esa violencia y los enfrentamientos que ocasiona que son recurrentes en la entidad, en la que se han acumulado asesinatos políticos, desplazamientos forzados, despojos de tierras, desapariciones, encarcelamientos, ejecuciones extrajudiciales, etc., que paradójicamente son responsabilidad del Estado por no tomar las medidas preventivas y garantizar el derecho a la vida o bien por la inoperatividad del gobierno, por lo que resulta improcedente la indiferencia que muestra el gobernador a este caos que amenaza generalizarse.

En concreto, los crímenes sucedidos en los últimos meses son una responsabilidad del Estado, debido a que las autoridades tienen conocimiento con antelación de los problemas que se gestan en la entidad, sin que nadie implemente medidas preventivas o de protección ante la oleada de violencia y enfrentamientos que se dan entre los distintos grupos u organizaciones, o por no realizar una investigación con la debida diligencia que conduzca al castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos sucesos.

Está claro que la gobernabilidad de Chiapas no es preocupación del gobernador, y por lo tanto, no hay disposición ni capacidad política para tomar las decisiones necesarias para restablecer el orden sin violación a derechos y libertades en la entidad. Lo lamentable, es que los funcionarios en Chiapas no entienden ni perciben la magnitud de los problemas, y se terminan tomando decisiones que resultan contraproducentes, como bien puede ser el uso selectivo de la represión policíaca a grupos que protestan y deciden tomar las casetas de pago o cerrar las carreteras, debido a que la violencia policial no resuelve los problemas y sí, en muchos casos, los termina agudizando, como sucede con la reciente detención de pobladores de Oxchuc, que protestan por el incumplimiento del Estado de realizar las elecciones de autoridades municipales a través del mecanismo de usos y costumbres, situación que contrasta con el trato que recibió la célula del CJNG, que fue liberada a través de otro tipo de presiones.