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¿Quién protege a la delincuencia organizada?

Editorial
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El pasado enfrentamiento entre una célula de la delincuencia organizada con la policía estatal en Tuxtla Gutiérrez, así como el enfrentamiento de “Los Motonetos” con la guardia Nacional en San Cristóbal de Las Casas se suman a la ola de inseguridad y de crímenes que se viven en Chiapas, en donde la violencia se ha venido incrementando y con ello el número de ejecuciones y masacres, sin que la autoridad responsable implemente medidas preventivas y se realice la investigación con la debida diligencia que conduzca  a la detención y castigo de los responsables de estos delitos.

La presencia de los cárteles y la disputa entre ellos son innegables en Chiapas. El gobierno actual ha sido omiso y complaciente con el crecimiento de la presencia de estos grupos, que con sus disputas representan un riesgo para la población, debido a los encuentros callejeros que se vienen suscitando en la entidad y más, porque muestran una actitud de enfrentamiento en contra de la Guardia Nacional y del Ejército, que evidencia el desarrollo de mecanismos de control del territorio que realizan estos grupos.

Si en Chiapas existiera un gobierno democrático, se tendrían investigaciones y responsables de estos delitos bajo proceso, pero lo que hay es un gobierno de simulación democrática, que no está interesada en el cumplimiento de la ley, y que inexplicablemente reprodujo las condiciones de alianza con los grupos de la delincuencia que se  formaron durante el régimen del PRI y que no fueron afectados por los gobiernos en lo que va de este siglo, en el que pasaron gobierno perredistas, panistas, del partido verde y ahora Morena, que es el responsable del crecimiento de la violencia y del dominio de la delincuencia organizada.

Un compromiso incumplido del gobierno en la entidad, autodenominado de la transformación, es la falta de justicia. Lo grave de esta situación, es que existen dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señalan el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el establecimiento de un programa de cultura de paz, que permita reconstituir las condiciones de convivencia armónica en las comunidades, sin que el gobierno haya implementado ninguna estrategia que muestre indicios de un interés por cumplir con estas recomendaciones, en donde la violencia en las comunidades indígenas no disminuye ni se realizan acciones de prevención.

La falta de atención del gobierno de Chiapas al incremento de ejecuciones y masacres en distintas comunidades, sitúa a varias autoridades en calidad de responsables por el delito de omisión por comisión, y en otras circunstancias, debieran de estar vinculados a proceso. En este sentido, el fiscal general, la secretaria de seguridad pública y el propio gobernador del Estado, son responsables directos  de este clima de violencia en la entidad, que ha conducido a más de un centenar de muertos en lo que va de este gobierno, en el que se reproduce la impunidad por la falta de investigación y aplicación de la ley, en el que los mensajes entre líneas que se envía es que desde el gobierno se protege a la delincuencia organizada.