Lecciones política contra la juniorcracia

El protagonismo de los exgobernadores en Chiapas, no es una buena señal para la gobernabilidad en el Estado, en virtud de que fomenta el rumor, la incertidumbre política y exhibe la imagen del actual gobierno, al no establecer los límites de esa presencia y del activismo que tienen.

Los exgobernadores ya tuvieron su tiempo y su momento. Su aportación y sus desaciertos son parte de la historia que se viene escribiendo. Sin embargo, mantienen vivas las expectativas políticas y al interior de ellos el deseo de mantener posiciones políticas y disfrutar del poder a través de sus vástagos.

Lo que no se puede perder de vista, es que el movimiento zapatista de 1994, fue un reflejo de la incapacidad manifiesta de la clase gobernante, que nunca emprendió acciones para disminuir las desigualdades sociales, resolver los problemas agrarios y mejorar las condiciones políticas, para erradicar la violencia y la presencia de las guardias blancas al servicio de los ganaderos y de los finqueros en la entidad.

El movimiento zapatista desplazó por su falta de resultados a esa elite gobernante, quien fue señalada como la directamente responsable de esa rebelión y la que debía de pagar los costos políticos del movimiento con su exclusión del poder local. Desde ese momento era previsible la necesidad de construir una nueva clase política en Chiapas, que estableciera nuevos tipos de relaciones sociales y que fuera capaz de acercar a un conjunto de organizaciones a participar en la toma de decisiones políticas. Eso es lo que representó, después del levantamiento armado, la experiencia de más de 280 organizaciones que se integraron en el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC).

El desplazamiento de la vieja clase gobernante en Chiapas se hizo evidente en las elecciones locales del año 2000. La derrota del candidato del PRI implicaba, sobre todo, el sacrificio de un grupo político, que no fue capaz de reciclarse políticamente. Desafortunadamente, el gobierno de Pablo Salazar, quien fue el beneficiado de esta ola de movilización política que impulsaba a través de la protesta la necesidad de construir un nuevo orden político en Chiapas, no logró construir el gobierno de transición que se requería, aún y cuando integró en su gobierno a importantes líderes sociales y representantes de ONG, al final de su gobierno terminó regresando el gobierno de la entidad a un aventurero que mantenía herencias con la vieja clase gobernante, quien recuperó posiciones e intereses en la entidad. Pablo Salazar sobre la base de los hechos construyó un grupo político con el que gobernó, pero no pudo construir una candidatura que le permitiera refrendar un triunfo democrático que desplazara de manera definitiva a la vieja clase gobernante, que estaba herida de muerte desde el levantamiento zapatista.

Por eso cuando llegó el momento del proceso electoral del 2006, Pablo terminó impulsando para la gubernatura, no a un candidato surgido de la lucha y del gobierno de la transición sino a un candidato ligado a la vieja clase gobernante,  pero ahora con sus cachorros, en el que finalmente se terminó cancelando las posibilidades para la transición a un régimen democrático.

El retorno de la vieja clase gobernante con Juan Sabines Guerrero canceló las posibilidades de construir un nuevo orden político en Chiapas, con una nueva clase política y abrió las posibilidades para establecer en Chiapas los gobiernos de la juniorcracia, que tanto daño le ocasionaron al Estado y que mantiene viva la posibilidad de la continuidad de la juniorcracia.