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La Rectoría en la UNACH

Editorial
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La Universidad Autónoma de Chiapas, desde su momento de fundación, tiene el problema de la ausencia de un proyecto de Universidad, aunque hay que señalar, que lo más cercano a ello, se encuentra en la gestión realizada por los rectores Pedro René Bodegas y Ángel René Estrada, quienes impulsaron la profesionalización del profesorado y la diversificación y el crecimiento de la Universidad, aunque el segundo Rector mencionado, padeció la intromisión constante del gobierno sobre la gestión y se fortaleció la idea de una Universidad a disposición de los caprichos de las autoridades.

La gestión del actual Rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa, despertó muchas expectativas académicas, en virtud de que en la Universidad hay todo por hacer. La crisis no sólo era económica sino de proyecto universitario, en donde lo primero que había que definir era el tipo de Universidad que se quiere, en el que entra la discusión si se quiere o no una Universidad involucrada a la atención de los problemas sociales de la entidad y a la definición del tipo de Universidad, una que privilegia la docencia y la formación de profesionales o una que impulsa el fortalecimiento de la investigación.

En la actual gestión, en el que había todo por hacer, no se avocó a la discusión y definición de estos problemas; en el que sigue existiendo una Universidad alejada de los problemas de la entidad, en el que el trabajo que se realiza en ella no representa una gran utilidad para la sociedad chiapaneca, y en la definición del tipo de Universidad las cosas resultan de mayor cuestionamiento, pues se tomaron decisiones en el que se privilegia la docencia, en deterioro de la investigación y el crecimiento de los perfiles docentes pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.

La crisis financiera se atendió con la participación del gobierno del Estado, como así se realizó también en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), por lo que la participación del gobierno no debe considerarse como un éxito del actual Rector sino como una política impulsad por el gobernador, que fue acompañada en ambas instituciones por el despido de docentes y trabajadores, provocando problemas de otro tipo, porque ahora ambas instituciones tienen acumulados varias decenas de juicios laborales, que al momento de resolverse se va a generar un nuevo boquete financiero por el pago de los salarios caídos.

Sin embargo, en la UNACH, el saneamiento de las nóminas se convirtió en una política de persecución, de acoso laboral y venganzas, en donde se perdieron las formas jurídicas y la legalidad, y se fabricaron pruebas, intimidaciones y amenazas, a tal grado, que la Universidad solicitó la participación de la fiscalía, a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca, quien se caracteriza por sus métodos gansteriles, para perseguir e intimidar a docentes y trabajadores administrativos, en el que la Universidad pasó a vivir una verdadera época de terror y de violación de derechos humanos. Todo esto se acompañó por la ilegalidad en la toma de decisiones, en el que el Rector se convirtió en el poder unipersonal en la toma decisiones, violando reincidentemente la Legislación Universitaria.

En esta rectoría se volvió una práctica violatoria por carecer de sustento jurídico en la Legislación Universitaria, destituir a Directores de las Facultades, Escuelas e Institutos, para nombrar encargados, el 40% de las autoridades personales en la UNACH son encargadas, sin legitimidad y sin el respaldo de los académicos, lo que permitió consolidar la política de terror y amenazas en la Universidad.

Hoy que se vive un período de designación del Rector, afloran los descuidos y las ilegalidades: una Junta de gobierno ilegalmente constituida, en el que sus decisiones pueden ser combatidas jurídicamente; un Consejo Universitario con visos de ilegalidad por errores legales en la Ley Orgánica; una aprobación del Estatuto de la Universidad a destiempo, sin la participación de la comunidad y con claros visos de ilegalidad; una convocatoria que se publicó con el adelanto de por lo menos cinco semanas y una persecución en contra de los perfiles que podían disputar la Rectoría de la Universidad.

Un proceso que debía ser transparente, tranquilo y dentro de los compromisos universitarios, se vino descomponiendo.