Los malos servidores públicos

En el siglo XIX Manuel Payno escribió la novela los Bandidos de Río Frío, en donde el capitán de los rurales responsable de perseguir a un grupo de bandoleros que asaltaban el paso de las diligencias de Veracruz a la Ciudad de México, era el jefe de los asaltantes. Esta novela, en donde confluye la imaginación con la realidad, describe la historia real de un coronel, jefe de guardias del presidente Santa Anna, quien a la vez era el líder de una banda de asaltantes a finales de la  década de 1830.

Esta historia en una realidad permanente en nuestro país, en donde los responsables de la seguridad pública, son en repetidas ocasiones los jefes de las bandas delincuenciales, donde actúan bajo el manto de la impunidad, en contra de la sociedad que los contrata para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Esta situación los chiapanecos la estamos viviendo en la actualidad, en donde existen señalamientos reiterados sobre funcionarios responsables de la secretaría de seguridad y de la fiscalía del Estado, de estar vinculados con la delincuencia organizada y no se realiza investigación alguna al respecto ni se hacen los cambios que correspondan.

En días pasados hubo la detención de una presunta célula de un cártel que opera en Chiapas, y a la semana siguiente todos los detenidos fueron puestos en libertad. Lo grave de esta situación es que los informes policiales se alteraron con el propósito de que no fueran coincidentes los hechos y que a partir de las contradicciones el juez se quedara sin elementos para ordenar la vinculación a proceso y la prisión.  La noticia de este suceso se ventiló a nivel nacional, y se decidió por mantener la impunidad a los funcionarios señalados.

En estas condiciones de funcionarios responsables de la seguridad al servicio de la delincuencia organizada, queda en evidencia la calidad en la realización de los exámenes de control de confianza, que son de carácter obligatorio para la contratación de los trabajadores en las dependencias policíacas y de procuración de justicia, en el cual cada año se destinan recursos a esta dependencia superiores a los recursos de varias secretarías de Estado. En estas circunstancias resulta imposible deslindar de responsabilidad a este centro estatal de evaluación de control y confianza, que incurre en la acción u omisión de no haber detectado la personalidad desviada de estos funcionarios o peor aún, que habiéndola detectado, se pasó por alto esta señal de presencia de conductas inapropiadas.

¿En manos de quién está la seguridad pública de los chiapanecos? ¿Por qué el centro estatal de control y confianza no detectó la conducta delictiva de los funcionarios que reiteradamente han sido señalados por sus vínculos con la delincuencia? ¿Desde cuándo la fiscalía tiene conocimiento de los actos delictivos de estos funcionarios y se encuentra omisa? ¿Quién los propuso para desempeñar ese cargo que los hace impunes? ¿Por qué el centro estatal de control y de confianza tiene un presupuesto superior a los 100 millones de pesos, si ya nos enteramos de que no sirve para nada y cuyo presupuesto es el doble de lo que reciben la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Politécnica o a la secretaría de turismo?

La investigación sobre los funcionarios que han sido señalados en distintos momento no debe tirarse en saco roto, en virtud de que el nivel de responsabilidades que tienen no es un asunto menor, como para mantener el discurso d cada de que no pasa nada; sobre todo porque todos los días suceden actos de violencia y porque la delincuencia organizada cada día adquiere el control de mayor territorio imponiendo su dominio.