El derecho a la ciudad en Tuxtla Gutiérrez

El que un gobierno, como el de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, decida invertir recursos para obras que faciliten la circulación de los vehículos en lugar de obras que proporcionen el bienestar de las personas resulta atentatorio al derecho a una vida adecuada. Este derecho se encuentra regulado en el artículo 25 fracción 1 de la declaración Universal de los derechos Humanos que expresamente señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Este derecho adquiere una obligación vinculanye en el artículo 11 fracción 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, que dispone: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y al mejoramiento continuo de las condiciones de vida” y manifiesta que los estados tomarán la medidas apropiadas para la realización de estos derechos.

En Chiapas, dominado por la pobreza y pobreza extrema del 75 % de la población, resulta claro que el Estado no ha procurado  el cumplimiento del derecho a una vida adecuada. En el caso en particular de Tuxtla Gutiérrez, en el que ya se destinaron más de dos mil millones de pesos en la construcción de puentes vehiculares y se tiene programado más de dos mil millones de pesos para la construcción de un segundo piso que busca unir los dos libramientos, se están destinado recursos que produce la exclusión de la mayoría de la población para el goce de los derechos sociales, en virtud de que esta ciudad padece de graves problemas para el acceso al agua salubre, aceptable y accesible, en donde más del 20% de las viviendas no reciben agua y el resto de ellas la recibe por tanteo con un servicio de pésima calidad.

El crecimiento de la ciudad de Tuxtla ha conducido a la devastación del ambiente, en el que se ocuparon espacios de filtración del agua y fueron cubiertos por concreto, lo que viene generando problemas de inundación en varias partes de la ciudad con las lluvias. Esto provocó que distintos gobiernos realizaran inversiones en la construcción de drenes pluviales, que de ninguna manera han resuelto los problemas de inundaciones en la temporada de lluvia.

Con la Nueva Agenda Urbana promovida por Naciones Unidas se busca la realización de ciudades que sean sostenibles; aspecto que se ha descuidado en Tuxtla Gutiérrez que cada vez produce mayor exclusión y desigualdad social en la población, en donde cientos de miles de pobladores de la ciudad no cuentan con los servicios urbanos y de vivienda adecuada que contempla el artículo 4º de la Constitución. Situación que convierte a Tuxtla Gutiérrez en una ciudad con disputas.

Pero además, la construcción de puentes en los libramientos norte y sur, que no se han realizado con estudios de impacto ambiental y previsto los escurrimientos de agua, han producido pérdidas de vida humana, al ser vías rápidas sin paso de peatones, lo que significa que estas construcciones no están pensadas en los niños, en las mujeres embarazadas, en los adultos mayores y en las personas con discapacidad.

El gobierno emprendió estas obras desde una perspectiva política y de negocios pero no pensando en las personas, que paradójicamente son la parte central de las ciudades; en el que resulta urgente que el gobierno defina junto con la población una agenda de atención de problemáticas urbanas, fundamentalmente la del acceso del agua y saneamiento y particularmente la del derecho a la ciudad.