Lecciones en la democracia

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso Gelman vs Uruguay, dejó lecciones para el ejercicio de la vida democrática que originó cambios constitucionales en países latinoamericanos. Esto debido a que el Estado Oriental del Uruguay utilizó en dos ocasiones, a través del referéndum y luego del plebiscito, el ejercicio directo de la democracia para la aprobación de la Ley de Caducidad, que implicaba graves violaciones a derechos humanos al dejar sin efecto la investigación de las desapariciones forzadas y la sanción de los responsables. Ante ello la Corte determinó: “El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional […]de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de convencionalidad”.

El acuerdo de una mayoría no significa per se la garantía de un ejercicio democrático; sobre todo porque los gobiernos del PRI, y ahora el gobierno de Morena, son resultados de un ejercicio de las mayorías pero no son gobiernos democráticos. Esto viene al caso por la discusión mediática de la iniciativa de reforma de la Ley Electoral, que tiene el discurso favorable para una democracia efectiva, pero en realidad entraña el desmantelamiento de las instituciones garantes de la democracia en el país y de manera regresiva deja en manos del Estado el control del padrón electoral y el organismo responsable de la realización de los procesos electorales.

Con la iniciativa de Ley Electoral, se minimiza la autonomía del organismo y de las autoridades electorales, al someterse a un proceso de elección, cuando se sabe de antemano que en estos procesos priva las prácticas antidemocráticas de los partidos y del Estado mismo. A su vez, se establece un mecanismo que modifica la representación política del país, al eliminar la representación de mayoría relativa y dejar solo la representación proporcional, lo que significa que los legisladores ya no van a ser votados de manera directa por la ciudadanía sino a través de listas estatales.

Uno de los elementos de la iniciativa de reforma electoral es dejar a los partidos sin el financiamiento público en los períodos no electorales. Esto ha resultado extremadamente maniqueo,  en virtud de que la población tiene un rechazo a este financiamiento y obviamente está de acuerdo a que los partidos dejen de recibir recursos públicos, pero no se atiende las consecuencias de esta acción, en virtud de que se afectaría la supervivencia de los partidos y abre las puertas para que haya un financiamiento abierto de la delincuencia organizada que hoy se realiza de manera encubierta.

La democracia tiene lecciones que terminan siendo paradójicas, debido a que a través de los ejercicios democráticos se abre la puerta para el ascenso del poder de posturas no democráticas, que terminan no solo minando a la democracia misma sino constituyendo gobiernos de dictaduras. Esa lección es la que se está viviendo actualmente en el país, en el que se presentan en disputas las posturas a favor de la vida democrática en contra de las posturas que solo simulan estar a favor de la democracia.