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07
Wed, Dec
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Urgente los cambios en la fiscalía y la secretaría de seguridad

Editorial
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Ayer la fiscalía del Estado anunció que en Chiapas hay una disminución del 36% de homicidios dolosos en comparación con lo registrado en 2018, logros en la entidad, que de ser ciertos, pasan desapercibidos para la población, en la que paradójicamente se incrementó la percepción de una mayor inseguridad, situación que echa a la borda cualquier cifra de éxitos alcanzados en seguridad, en virtud de que prevalece la sensación de riesgo que atraviesa el sentir de la mayoría.

Declaraciones de logros por parte de la fiscalía, en situaciones como la que se vive, en que comandantes son señalados como responsables de la desaparición de un empresario chiapaneco, terminan provocando mayor malestar y enojo, que viene acompañado por exigencias de renuncia del fiscal Olaf Gómez, quien mantiene su pasividad o complicidad, ante los reiterados señalamientos que fiscales, ministerios públicos y comandantes de esa dependencia están vinculados con la delincuencia organizada.

Cuatro días cumple la desaparición del empresario, presuntamente a manos de personal de la fiscalía del Estado, sin que el fiscal general salga a declarar sobre la veracidad o falsedad de esa denuncia y, mucho menos, sin que el comandante señalado de traer bajo su disposición el vehículo que sirvió para el levantón del empresario, el día viernes en el estacionamiento de Plaza Cristal, sea separado de sus funciones y puesto a investigación por estos señalamientos.

El silencio del fiscal general ante esta denuncia, guarda el mismo comportamiento de indiferencia que  mantiene el gobernador del Estado, en el que es preferible ignorar todo tipo de señalamientos, que pone en duda el trabajo y honradez de la fiscalía, que salir a transparentar los actos de los funcionarios responsables de la seguridad de la entidad. Esto aún y cuando hay señalamientos de la cuota semanal que reciben de manos de la delincuencia organizada.

Esta situación se repite en la secretaría de seguridad, en donde también es señalado el nombre de subsecretario que sirve de correo con la delincuencia organizada y que se mueve por la ciudad con un operativo policial superior al que tiene a su servicio el gobernador del estado, situación que evidencia la descomposición de los organismos responsables de la seguridad y que explica el deterioro social que se vive en varias regiones del Estado – San Cristóbal, Frontera Comalapa, Jiquipilas, Pueblo Nuevo-, generadas por la presencia de la delincuencia organizada.

En Chiapas urge el debido cumplimiento de los exámenes de control de confianza en las dependencias responsables de la seguridad y de la impartición de justicia.  Sobre todo, porque se requiere de decisiones que den certeza en que se busca depurar y sancionar conductas delictivas en los funcionarios públicos, a menos de que todo sea producto de una colusión de funcionarios con la aquiescencia del gobernador del estado.