San Cristóbal y la deuda con las comunidades

Los conflictos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas no se van a resolver con la frivolidad de un discurso que reconoce el operativo policíaco-militar para el retorno “de la paz”, como lo está haciendo el discurso del gobernador. Sobre todo, porque existe históricamente un mal manejo del gobierno hacia las comunidades indígenas, a quienes, dentro de la política de una guerra de baja intensidad en contra de comunidades simpatizantes del zapatismo, se fomentó y toleró el armamentismo y se crearon grupos paramilitares, y con ello, se fortaleció y reprodujeron los patrones de impunidad, de una violencia enmascarada en los discursos de autonomía y de usos y costumbres.

El año de 1994 mostró la urgencia de atender a las comunidades indígenas y a partir de ese año, la federación destinó miles de millones de pesos a Chiapas sin que los problemas de las comunidades se resolvieran y más grave aún, sin que disminuyeran los índices de pobreza y de desigualdad social. La característica de los distintos gobiernos durante estos 28 años fue el derroche y la frivolidad, mientras el presupuesto se incrementaba cada sexenio; 200 mil millones de pesos ejercidos en el gobierno de Pablo Salazar; 300 mil millones de pesos con Juan Sabines; 450 mil millones de pesos con Manuel Velasco y más de 360 mil millones de pesos en lo que va la administración de Rutilio Escandón. Paradójicamente, el gobierno de Pablo Salazar, quien ejerció menos recursos, está mejor calificado socialmente.

Muchos de los problemas que vive San Cristóbal de Las Casas, encuentran su explicación en los sucesos posteriores de 1994 y en la política de derroche y desatención que se vivió en las últimas dos décadas en la Región de Los Altos; en el que nunca se tomaron las medidas preventivas para evitar el desplazamiento forzado en las comunidades y este  problema se acrecentó a un punto, en que existen decenas de comunidades en San Cristóbal  pobladas por el desplazamiento indígena, que constituyeron gobiernos de usos y costumbres, y cuyos pobladores no tienen acceso a un mercado laboral formal.

De qué vive esta población que ha venido creciendo en San Cristóbal, a quienes difícilmente se les proporcionan servicios básicos y quienes han caído en las garras de una delincuencia que fomenta la invasión de predios, el mercado informal, el transporte pirata, el narcomenudeo, los asaltos, la trata de personas, la venta de productos piratas y el tráfico de armas. A esto se le agrega que a esta población se les ha utilizado en la inducción del voto y los gobiernos municipales se han constituido gracias al voto de esta población indígena desplazada y a los grupos de la delincuencia que controla a esta población y que adquiere derechos frente a los ganadores, asi sean del partido verde o de Morena.

Toda esta desatención al desplazamiento terminó provocando un conflicto en San Cristóbal, que rebasa las posibilidades de un gobierno municipal, y en donde existe una manifiesta voluntad del gobierno estatal y federal, de no involucrarse en los problemas de la ciudad de San Cristóbal, lo que abrió las posibilidades que la delincuencia organizada tomara el control de la región y que ahora sea un conflicto de dimensiones nacionales que continúa sin la atención debida.