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07
Wed, Dec
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Pese al gobernador, la violencia en Chiapas es real

Editorial
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A menos de un mes de cumplir los cuatro años de gobierno, los conflictos en Chiapas y la presencia de la delincuencia organizada, superan con creces el frágil funcionamiento de la administración encabezada por Rutilio Escandón, quien en lugar de atender los problemas con un ejercicio comprometido de gobierno, continúa con el falso discurso de negar la existencia de estos problemas y pretender vender la imagen ce un Chiapas seguro, cuando la realidad del Estado es reflejada con gran frecuencia en los medios nacionales e internacionales.

La presencia y la disputa del territorio entre grupos de la delincuencia organizada en Chiapas son innegables. Los disturbios reincidentes en San Cristóbal por el grupo de “Los Motonetos”, los enfrentamientos y ejecuciones en Frontera Comalapa y en Jiquipilas, así como la violencia en Pueblo Nuevo Y Rincón Chamula así lo demuestran.  El gobierno actual ha sido omiso y complaciente con el crecimiento de la presencia de estos grupos, y son muchos los señalamientos sobre un grupo de funcionarios a quienes se les acusa de estar al servicio y proteger las actividades de estos grupos delincuenciales.

Pero los escenarios de violencia en Chiapas van más allá de la presencia de los cárteles. Entre estos sobresalen la presencia de los paramilitares en Chenalhó que mantienen una actividad permanente de disputa entre pobladores de Chenalhó y Aldama, que ha ocasionado más de tres mil desplazados; el conflicto irresuelto de Pantelhó y los más de 20 desaparecidos por el grupo “El Machete”; la violencia y ejecuciones de líderes sociales en Venustiano Carranza; el incumplimiento de la ejecución de sentencia de la Suprema Corte, que ordenó la devolución de las tierras expropiadas al Ejido deTila, en tiempos de Juan Sabines Gutiérrez y en donde medio pueblo está construido en esas tierras perteneciente al Ejido; la crisis migratoria en el Soconusco, que ha deteriorado la calidad de vida de los municipios fronterizos; la ilegal resolución del Supremo Tribunal que buscó dar fin a los problemas de  los límites fronterizos en los Chimalapas, entre Chiapas y Oaxaca, que terminó despojando de un territorio ancestral a Chiapas y que incluye una franja del municipio de Arriaga que nunca formó parte de ese litigio.

Chiapas desde hace muchos años es un polvorín, lo desafortunado en este momento, es que se están creando condiciones para que muchos conflictos estallen simultáneamente. Pero también porque en la administración actual, con su indiferencia y falsos discursos, ha dejado correr situaciones y conflictos que amenazan la seguridad de la población sino la seguridad nacional del país. Junto a ello, el gobierno de Rutilio Escandón arrastra un tremendo déficit en la ausencia de un gabinete capaz, que permita tomar decisiones e impulsar políticas públicas, que aminoren la desigualdad social en la entidad y que emprenda la investigación con la debida diligencia, todos estos conflictos sociales y enfrentamientos de la delincuencia organizada y sancionar a los responsables.

Debido a esta situación, los hilos del control y de la gobernabilidad están sueltos en Chiapas y hay una realidad inocultable; la política de “Abrazos y no balazos” ha sido un fracaso en Chiapas, que se convirtió ya en un territorio de disputa con la complacencia de las autoridades locales y federales, en donde sus vínculos con esta delincuencia cada vez son más evidentes.