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El discurso del saldo blanco en Chiapas

Editorial
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En el momento en que más insiste el gobernador de repetir las mentiras oficiales del supuesto saldo blanco en delitos de alto impacto y señalar que Chiapas es un Estado seguro, la realidad lo vuelve a contradecir, y en Ocozocuatla se vivió ayer un enfrentamiento entre grupos armados, en donde varios policías están hospitalizados por heridas de bala, en el que se presume que en esta refriega participó un comandante de la policía estatal preventiva, que fue amenazado con anterioridad por la delincuencia organizada.

Pero los delitos de alto impacto se presentaron también en Chiapa de Corzo, en donde un ingeniero fue asesinado, en el municipio de Palenque, en donde un miembro de la iglesia testigos de Jehová fue asesinado y en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, en el que un vecino fue balaceado. Los hechos, sucedidos en un solo fin de semana, desmienten el discurso de mentiras que la administración de Rutilio Escandón busca instaurar en Chiapas en materia de seguridad.

La agresión a un comandante de la policía, es una provocación al aparato represivo del Estado, en el que la delincuencia se instaura por encima del poder público, al mismo tiempo en que este grupo actúa con tal impunidad, que puede orquestar un ataque en contra de quien sea, pues los poderes fácticos están por encima de la ley y del orden que debe establecer el Estado.

En Chiapas se llegó a un punto en que la población civil se encuentra a merced de la delincuencia, y lo grave de esta situación, es que comandantes, ministerios públicos, fiscales, presidentes municipales y funcionarios de las dependencias de seguridad en el Estado y en los municipios forman parte del personal y de los mecanismos que protegen el actuar de la delincuencia organizada. La interrogante es si el gobernador del Estado conoce del involucramiento de funcionarios estatales y municipales con la delincuencia organizada o su indiferencia llega a tal situación en que lo ignora.

En ambas situaciones el gobernador se encuentra en el delito de omisión, por estar obligado de conocer lo que pasa en su alrededor: el gobernador debe ser la persona más enterada de lo que sucede en Chiapas, por lo que resulta imposible que no tenga conocimiento. Pero además, la periodista Anabel Hernández lo escribió en un artículo, en el que señaló nombres y apellidos de los funcionarios de Chiapas al servicio de la delincuencia organizada y en la información hackeada a la SEDENA, ya se hizo público un informe militar que señala a funcionarios de Chiapas involucrados con la delincuencia.

Los enfrentamientos armados se convirtieron en un lugar común en Chiapas; suceden en San Cristóbal de Las Casas, en Frontera Comalapa, en Jiquipilas, en Rincón Chamula y ahora en Ocozocuautla, pese a esta situación, el gobernador continúa con la estrategia de mentiras oficiales, difundiendo que hay días de saldo blanco, cuando Chiapas está convertido en la cara del caos y la violencia.