La regresividad de la reforma electoral

Las manifestaciones ciudadanas en defensa de la autonomía del INE, del domingo pasado, en distintas ciudades del país no han sido entendidas por el gobierno, que sin reparo alguno las adjetiva y descalifica y en una muestra evidente de un trabajo policíaco,  hace señalamientos en contra de personas que decidieron unirse a la manifestación, sin que ninguno de éstas haya sido convocante y mucho menos determinante en la convocatoria de esa movilización ciudadana.

Minimizar las marchas, difundiendo datos falsos del número de asistentes, no es más que la reproducción de formas autoritarias del ejercicio del poder, en el que queda claro que la cultura del PRI está muy presente en el presidente y sus colaboradores, así como en Morena y sus seguidores, que no entienden la importancia del diálogo y la búsqueda de los consensos, en la construcción de las reformas políticas-electorales, como la que se propone.

La reacción de la ciudadanía fue inesperada; ni los mejores cálculos optimistas estuvieron cerca a la respuesta que hubo. Esto, que en un gobierno democrático obligaría a la apertura y al pluralismo político, tiene una respuesta de cerrazón que en nada ayuda a la construcción de acuerdos y confronta más a una sociedad que ya de por sí está dividida por la desigualad social y por la discriminación.

Desde el año de 1977, que inició el largo proceso de reformas y de perfeccionamiento de la democracia en México, todas las reformas fueron discutidas por los partidos, los especialistas y académicos y el rasgo fundamental de las ochos reformas que se han aprobado en el país, es que los partidos desfavorecidos y los candidatos perdedores, fueron escuchados y muchas de sus propuestas fueron incorporadas al texto de la ley. Ninguna reforma electoral se aprobó con el avasallamiento de la mayoría que en esos momentos estaba en manos del PRI, a punto tal, que las mismas reformas llevaron a la derrota de ese partido; primero en la pérdida de la mayoría de la Cámara de Diputados, en 1997, y luego la presidencia de la república, en el año 2000.

La democracia tiene dos fases: una formal, denominada también democracia de procedimiento, que establece con claridad las reglas del juego y de impugnación de resultados; y otra llamada sustantiva o democracia de régimen, que implica un ejercicio cotidiano de la vida democrática y de construcción de nuevas ciudadanía. En este país, la democracia de procedimiento, constituida a través de las reformas electorales, le otorgó la autonomía al instituto electoral, dejó en manos de los ciudadanos las elecciones, se produjo la alternancia del poder y se garantiza el pluralismo político en el Congreso.

Sin duda, el fortalecimiento de la democracia de procedimiento no ha sido acompañado de una democracia de régimen o sustantiva, en virtud de las deficiencias de ciudadanía y al ejercicio de prácticas y cultura no democráticas en los partidos políticos y en la sociedad. Esto ha llevado a que en las elecciones prevalezcan vicios y perversiones y a que los procesos se ensucien y que haya robos y fraudes en las elecciones. Todo esto se traduce en acarreos, compra de votos, robo e incendio de urnas y esto es lo que se debe de acabar para que haya elecciones limpias y libres.

Pero las afectaciones a esta cultura no democrática, no está contemplada en la reforma que propone el presidente, que habla de una democracia real, pero no señala cómo reducir las prácticas no democráticas que tanto el presidente de la república como su partido ponen en práctica todos los días. Lo que sí propone esta reforma es la reducción de la autonomía del instituto, quitar el manejo y control del padrón electoral, acabar con el servicio civil de carrera en el instituto, politizar la elección de consejeros y magistrados mediante votaciones directas, reducir el pluralismo político, eliminar el federalismo en las elecciones con un organismo nacional, reducir las posibilidades de la alternancia política y abrir las puertas al financiamiento de las elecciones con los recursos del narcotráfico.

En muchos sentidos, la reforma electoral del presidente es regresiva y eso resulta a todas luces inconstitucional, por eso se dio una reacción ciudadana de defensa a un órgano electoral, que si bien puede y debe ser reformado, esto tiene que realizarse a través de una reforma progresiva y no una reforma regresiva como la que se propone.