Cuatro años de gobierno en Chiapas

¿Qué es lo que verdaderamente le importa de Chiapas al gobernador Rutilio Escandón? ¿Por qué en situaciones críticas en la entidad, el gobernador  se comporta como si no le interesaran los problemas de Chiapas? ¿Hasta cuándo el gobernador se va a dar cuenta que su obligación fundamental es la de gobernar y asumir las responsabilidades que esto representa?

Estas interrogantes son relevantes si se relacionan con hechos concretos que dan evidencia de que al gobernador está ajeno a los problemas que padece Chiapas. La entidad estaba en ruinas cuando concluyó el gobierno anterior; la prensa local, que no dudó en aplaudir las frivolidades en el ejercicio del poder al exgobernador Manuel Velasco, al final de su gobierno lo empezó a cuestionar y se creó en la sociedad un clima de linchamiento, en donde las Redes Sociales jugaron un papel importante.

De todo esto tenía puntual conocimiento el licenciado Rutilio Escandón, quien desde la presidencia del Tribunal de Justicia, fue partícipe de este desastre social y por lo tanto tuvo pleno conocimiento de las veleidades del poder y el derroche de recursos, por lo que tuvo tiempo suficiente -del día de la elección a la toma de su gobierno-, para prever un conjunto de políticas que cambiaran el rostro de Chiapas desde el primer día de su gobierno. Sin embargo, ya transcurrieron cuatro años de esta administración, en donde las condiciones sociales y económicas se  deterioraron, a pesar de realizarse un ejercicio presupuestal superior a los 400 mil millones de pesos.  

En estos cuatro años de administración, se hicieron evidentes la ausencia de un plan de gobierno y peor aún de estrategias políticas para gobernar,  no existe un gabinete que tome decisiones y se implementó una política supuestamente de austeridad, que lo único que ocasionó es que agudizaran los problemas de gobernabilidad de la entidad. De igual manera se emprendió un discurso de anticorrupción pero al mismo tiempo se guardó un silencio cómplice al saqueo de las finanzas ocasionada por los gobiernos anteriores; esto aún y cuando la población le exigía que se procediera en contra de los funcionarios que se enriquecieron con los desvíos de recursos públicos.

Hay comportamientos del gobernante que resultan inentendibles. Por ejemplo, el silencio que guardó cuando ejecutaron al hijo del “Tío Gil” en Tuxtla Gutiérrez, quien llevaba a dos policías estatales comisionados como guardias personales. Lo mismo ha sucedido en las balaceras recurrentes entre paramilitares en Chenalhó y Aldama, así como en las acciones emprendidas por el grupo paramilitar “El Machete”, en Pantelhó, quienes desaparecieron a 21 personas en medio de una total impunidad.

Mas reciente están los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia en Frontera Comalapa, Jiquipilas y Ocozocuautla o la pérdida del control de San Cristóbal de Las Casas, en manos del grupo de “Los Motonetos”, que impusieron el terror en ese municipio y cuyas acciones afectan directamente a las actividades turísticas de la entidad.

Lo delicado de todos estos señalamientos, es que en medios nacionales se han señalado los nombres de funcionarios de la fiscalía y de la secretaría de seguridad que están involucrados con los grupos de la delincuencia organizada y no pasa nada.