Hay sumas que restan

En el evento organizado por el canciller Marcelo Ebrard, en donde integró su estructura territorial en cada uno de los 300 distritos electorales apareció la figura del exgobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero, quien en los hechos es un subordinado del canciller, al desempeñar el cargo de cónsul en Florida, y quien es responsable de un millonario endeudamiento de la entidad, que canceló el futuro de miles de niños, niñas y adolescentes, que ocasiona un pago de seis millones de pesos diarios, y cuyos préstamos fueron autorizados por el Congreso Local al margen de la Constitución, lo que significa que la presencia  del exgobernador chiapaneco en las filas y pretensiones de Marcelo Ebrard, es una suma que resta.

A la fecha, se desconoce a dónde fueron a parar los 20 mil millones de pesos que fueron autorizados como préstamos. Al inicio de este gobierno, Juan Sabines decidió atacar al gobierno de Manuel Velasco, que encubrió plenamente los derroches, la corrupción y el desorden financiero de Sabines, pero éste consideró que se le había atacado y desprestigiado, y publicó sus argumentos que pretendían justificar el endeudamiento, en ese documento señaló que parte de la deuda su utilizó para pagar los daños ocasionados por el huracán Stan y para salarios, lo que evidenció la ilegalidad de los préstamos, razón por la cual el gobierno de Rutilio Escandón le debió de abrir la investigación correspondiente, no por los delitos administrativos que están prescritos pero si por fraude que está vigente.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano, el castigo a un gobernador o a un exgobernador tiene que estar autorizado por el presidente de la república, por eso no hay sanciones a muchos exgobernadores, que aunque puedan comprobarse los delitos, se requiere la anuencia del presidente en turno para procesarlo. Esto significa que Juan Sabines tuvo el respaldo de Enrique Peña Nieto y obviamente la protección de Andrés Manuel López Obrador, quien lo terminó ratificando como cónsul en Florida.

El daño patrimonial a Chiapas y a cientos de constructores y prestadores de servicio, a quienes no se les pagó los contratos en el gobierno de Sabines, debe de ser investigado. Para eso es necesario que se forme una Comisión de la Verdad, que esclarezca los destinos de los préstamos y el impacto social que se produjo al contraer esa deuda pública. Sobre todo, porque Sabines pretende regresar a la vida política, inclusive promover a sus hijos, en donde uno de ellos ya concluyó una licenciatura en la UNACH, realizada en los programas a distancia, pero más, porque un corresponsable de esa deuda pública, Zoé Robledo, pretende ser gobernador de Chiapas.

En Chiapas, más allá de cualquier fobia, los habitantes de la entidad tienen el derecho de saber la verdad de cómo, por qué y para qué, se contrajo una deuda de miles de millones de pesos que no sólo empobreció más a Chiapas sino que la condenó a un pago de seis millones de pesos diarios durante 30 años.

El derecho a la verdad es un derecho humano y por lo tanto es imprescriptible.