Los problemas de gobernabilidad y de inseguridad

La administración pública se define como el gobierno en acción. Esta definición explica con claridad el déficit peligroso de gobernabilidad que se está viviendo en Chiapas, en donde se presenta una profunda deficiencia del funcionamiento del aparato administrativo, a partir de que se dejaron de atender con eficacia la solución de los problemas sociales y las demandas de la población, situación que produce la movilización y la protesta de los grupos que afectan  las posibilidades reales para construir gobierno.

Muchos de los problemas heredados históricamente no se han resuelto y a la vez, surgieron  nuevos problemas, como el de la delincuencia organizada o los problemas de la migración, que están evolucionando con una fuerte conflictividad, que evidencian el caos y muestran una actitud de desentendimiento del conjunto de los funcionarios que se encuentran más preocupados en como quedar bien con el gobernador, que en la de atender las demandas y despresurizar los conflictos que agobian al gobierno.

Los cambios y la reestructuración en el aparato gubernamental son urgentes, particularmente en la fiscalía del Estado y la secretaría de seguridad pública, dependencias sobre las que existen graves señalamientos de funcionarios involucrados con la protección de la delincuencia organizada, pero eso no parece importarle al gobernador del Estado, quien aparte de que no percibe el bajo desempeño de su gobierno, promueve fantasiosas visiones de un Chiapas seguro o sale a publicitar circunstancias poco creíbles de saldo blanco en delitos de alto impacto, omitiendo siempre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.

Chiapas no merece padecer los problemas de gobernabilidad y de inseguridad que se está viviendo, en donde sobresale la indiferencia del gobernador que se refleja en una ausencia de la administración pública y, como resultado de ello, en una ineficacia en la atención de los problemas de la población.

Esta situación se confirma con un breve recuento de los conflictos que están minando la gobernabilidad y la seguridad  en el Estado, entre ellos se puede mencionar: El conflicto entre Aldama y Chenalhó, enfrentamientos que continúan a pesar de la firma de acuerdos de no agresión y el pago de las tierras en disputa. En Tila existe una inejecución de sentencia, que obliga al Estado a devolver las tierras expropiadas en 1982 al ejido, en el que se construyó medio pueblo. En Oxchuc  está pendiente la elección de autoridades municipales por usos y costumbres. El conflicto en Pantelhó y el grupo de autodefensa denominado “El Machete”, quienes tienen retenidos a 21 personas. La disputa y control de la plaza en Frontera Comalapa entre grupos de la delincuencia organizada. La violencia recurrente en Pueblo Nuevo y Rincón Chamula, que presenta problemas de narcotráfico. La falta de acuerdos y políticas de paz en Venustiano Carranza, cuyos problemas por la tierra derivaron ya en problemas de delincuencia organizada. La pérdida de  seguridad en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas a manos de grupos de la delincuencia en el que sobresalen por la violencia “Los Motonetos”. Los problemas de cobro por el derecho de piso impuesto en municipios fronterizos, particularmente en Tapachula.

Los problemas de Chiapas requieren atención inmediata, pero el actual gobierno prefiere ignorar la situación a pesar de que en los últimos días se presentan problemas de linchamientos en Huixtán por la inacción policial, se identifica una fosa clandestina en un predio en Tuxtla en el que fueron enterradas personas que fueron anteriormente levantadas, se localiza una casa de seguridad en la que se liberan a personas presuntamente secuestradas, situación que desmiente el discurso de saldo blanco en delitos  de alto impacto que el gobierno se empecina en difundir.

Aquí, en realidad, no se trata de ser un crítico oficioso del gobierno, pero existen en la entidad condiciones sociales, que viene acentuando contradicciones políticas, a punto tal, que el caos puede generalizarse ante la pasividad de los funcionarios, que no perciben las responsabilidades que tienen en sus manos y en lugar de atender y dar respuesta a las diferentes problemáticas de la entidad, se dedican más por cómo participar en la rapiña presupuestal, bajo el amparo de la impunidad, en donde no se investiga ni sanciona a los nuevos ricos que surgen cada sexenio.