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La traición a Chiapas

Editorial
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La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de los Chimalapas, que despoja a Chiapas 160 mil hectáreas  es ilegal. Y el cumplimiento de esta sentencia por parte de las autoridades chiapanecas es una traición, porque se valida un despojo que es ilegal y violatoria a derechos humanos, en virtud de que la Corte toma una decisión administrativa sin realizar una consulta a las comunidades dentro del territorio en disputa, sobre a comunidades indígenas, violando con ello disposiciones establecidas dentro de la Constitución mexicana y dentro del derecho internacional del que México forma parte.

Pero la violación de derechos por parte de la Corte no solo se da en la ausencia de una consulta pública, que de por sí es grave y amerita por solo este hecho la demanda al Estado mexicano en las cortes internacionales sino que se violó el derecho a ser escuchados en el juicio a los terceros interesados, en este caso a los municipios afectados, sobre todo porque la disputa era por el terreno de los Chimalapas y la resolución de la Corte terminó afectando a los municipios de Arriaga y se está en duda si a Tonalá, que pasarían a formar parte de Oaxaca, cuando esos municipios siempre han sido de Chiapas y jamás formaron parte de este litigio de límites.

Lo peor de esta sentencia de la Corte, es que se toma una decisión cuando la propia perito del Tribunal, reconoció que no pudo localizar el cerro de los Mixes, punto de referencia para identificar los límites históricos entre Chiapas y Oaxaca y aún así, sobre este desconocimiento, los ministros de la Corte determinaron los nuevos límites, despojando con ello parte del territorio ancestral de Chiapas.

La traición del gobernador, y demás autoridades chiapanecas, se presenta cuando se busca dar cumplimiento a una sentencia ilegal, como se viene haciendo, en lugar de acudir al sistema subsidiario de justicia, que en este caso es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el Sistema Universal de Derechos Humanos, por las violaciones en las que incurrió la Corte de Justicia en esta sentencia, que termina despojando territorio ancestral de Chiapas.

El gobernador Rutilio Escandón, en un claro desconocimiento del derecho internacional y con ello de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se negó a solicitar a presentar el caso en los organismos subsidiarios, bajo el argumento de que las resoluciones de la Corte son inatacables y se deben de cumplir para no caer en desacato, consideración totalmente equivocada, en virtud de la el Sistema Interamericano no es otra instancia más sino un mecanismo subsidiario de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con atribuciones para revisar que la resolución jurídica no contenga violaciones a derechos humanos.

La impugnación de la sentencia de los Chimalapas, en la Comisión Interamericana, no la realizó el gobierno de Chiapas, pero sí lo hizo la Barra Chiapaneca de Abogados, presidida por el abogado Servando Cruz Solís, quien en este momento representa a 38 comunidades en este litigio, que busca preservar el territorio ancestral de Chiapas, que en este momento se encuentra despojado ante la inacción y grave traición del gobierno chiapaneco.