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La desaparición de defensores en derechos humanos

Editorial
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En México existe un clima generalizado de violencia en contra de defensores de derechos humanos, particularmente de quienes se dedican a defender los derechos ambientales. Sobre todo, porque el Estado  ha asignado derechos de explotación mineras o forestales dentro del territorio de comunidades indígenas, sin el consentimiento previo e informado de esta población, con lo que se violan disposiciones del derecho internacional y nacional, que obliga a los Estados a contar con el consentimiento informado, en todas las decisiones administrativas y legislativas en el que exista afectación a comunidades indígenas.  

Dentro de este clima de violencia se inserta el secuestro y desaparición forzada de los defensores en derechos humanos Ricardo Antonio Lagunes Gasca y Antonio Díaz Colima, el domingo 15 de enero, quienes ese día participaron en una asamblea comunal en en la comunidad indígena de San Miguel Aquila, en Michoacán y fueron desaparecidos en el puente Coahuayana, en el mismo Estado de Michoacán. Ricardo Lagunes es un defensor con un importante trabajo en Chiapas, es fundador de la organización de la sociedad civil, Asesoría y Defensa Legal del Sureste, que se dedica a la defensa de la tierra y del territorio frente a megaproyectos que producen despojos en las comunidades. Fue colaborador en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal y del Centro Fray Matías de Córdova en Tapachula; de igual manera fue profesor fundador de la maestría en defensa de los derechos humanos que se imparte en la UNACH. Ricardo Lagunes participa en la defensa de los afectados de la masacre de Acteal, que llegaron a un acuerdo armonioso con el gobierno de López Obrador.

Ricardo Lagunes desde el año 2019 viene acompañando en la lucha que la comunidad indígena de San Miguel Aquila realiza en defensa de su territorio en contra de la empresa minera Las Encinas S. A. de C.V.  quien desde hace 20 años  extrae, hierro, oro, plata y cobre, en las tierras de la comunidad sin que ésta obtenga beneficios y que en consecuencia sufra diariamente las consecuencias ambientales que implican las actividades de las empresas mineras.

La empresa minera ha expandido sus actividades ante la oposición de los comuneros, sobre todo, porque los permisos de explotación no cuentan con el consentimiento informado de la comunidad, ni se realizó la consulta previa, a la que está obligado el Estado de realizar, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Esto ha ocasionado una campaña de criminalización en contra de los comuneros, con la aquiescencia del Estado, en el que inclusive, líderes de la comunidad han sido acusados de pertenecer a la delincuencia organizada.

En este contexto de violencia, el 15 de enero fue secuestrado Ricardo Lagunes, en compañía del líder comunitario de San Miguel Aquila, Antonio Díaz, en donde el vehículo en que viajaban fue encontrado abandonado con impactos de bala, situación que hace prever que la vida de ambos corre peligro.  Razón por la cual, el Estado mexicano debe de realizar con urgencia las investigaciones necesarias para encontrar con vida a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.