El escenario electoral con grupos armados

Con el surgimiento de otro grupo armado en la Región de Los Altos, denominado el Consejo Indígena, quedan demostrado dos cosas: el poco apoyo destinado a las comunidades indígenas que les permitiría cambiar el rumbo de sus condiciones sociales y la ausencia del Estado en algunos puntos de esa región, que ha permitido no solo la inaplicación de la ley sino el establecimiento de prácticas que nada tienen que ver con el orden comunitario tradicional, en el que la delincuencia organizada ha penetrado a esas comunidades y ha subvertido las necesidades y constituido intereses, con el riesgo de que sean los mismos grupos criminales quienes ejerzan el control y el poder de otro tipo en el orden comunitario.

Este Consejo Indígena, surgió, como lo dicen en su grabación, para oponerse al Cártel Jalisco que ha penetrado algunas comunidades; sobre la base de los hechos, este grupo armado pretende sustituir al Estado en su obligación de combatir al crimen organizado, o peor aún, buscan evidenciar que la presencia de ese cártel se debe a la complicidad de las autoridades, que dejó las puertas abiertas y por lo tanto deciden buscar combatirlo en la que indirectamente, se distancian de las autoridades que presuntamente están brindando protección.

Bajo cualquiera de las circunstancias, las comunidades están siendo sometidas a nuevos procesos sociales que profundizan las desigualdades y en donde se reproduce la impunidad a costos muy altos, debido a que puedan quedar sujetos bajo el dominio de la delincuencia organizada, en un Estado débil, que ha dejado a los pueblos indígenas a su suerte. De tal manera, que luchas legítimas, como puede ser la autonomía comunitaria y la elección de autoridades por usos y costumbre, pueden estar pervertida por la presencia de grupos armados.

Todo este escenario se presenta en meses previos del inicio del proceso electoral del 2024, en el que desde este momento, quedan contaminadas en esta región las elecciones con la presencia de grupos armados que se disputas el control comunitario, en el que sus actividades ilícitas las pueden realizar  en la impunidad, pues la ley y las instituciones del Estado dejaron de funcionar en muchas de estas comunidades.

Bajo estas circunstancias el escenario electoral tiene un reto nuevo al de de designar autoridades legítimas, esto es, que se debe de realizar bajo condiciones de paz, algo que está alejado de la realidad social de Chiapas, que cada día más está siendo sometida la sociedad chiapaneca a presiones de la delincuencia organizada, a punto tal que ésta puede ser el gran elector y decidir quiénes pueden ser los ganadores. Todo esto bajo una pasividad gubernamental, que se vuelve sospechosa.